El pedido formal ingresó en la Cámara baja y busca que Federico Sturzenegger se siente ante los legisladores a responder por su presunta implicancia en la trama de coimas que envuelve a la ANDIS. La ofensiva opositora se apoya en audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, que lo mencionan directamente en supuestas directivas para dar de baja pensiones y reducir la capacidad de auditoría. El caso ya salpica a funcionarios libertarios y a empresarios con contratos estatales.
El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo Valdés, incorpora un pliego de seis preguntas: si Sturzenegger instruyó una cancelación masiva de pensiones por discapacidad, si se rechazó la evaluación médica individualizada y quién ordenó achicar la auditoría interna, que pasó de 16 a 5 integrantes, debilitando los controles. La oposición pone el foco en un eventual “plan deliberado del Gobierno para recortar derechos y dejar más expuesta a una población vulnerable”.
La investigación, ya sabemos, también roza al asesor Eduardo “Lule” Menem, al presidente de Diputados Martín Menem y a los empresarios Kovalivker, en un entramado que combina favores políticos y negocios con fondos públicos. En paralelo, crece el malestar social por el manejo de medicamentos de alto costo y por la difusión de comunicaciones que revelan presuntas maniobras para beneficiar proveedores.
Según detalló Noticias Argentinas, Valdés enmarcó el reclamo en términos institucionales: “Estamos frente a un escándalo institucional de enorme gravedad. La Cámara de Diputados tiene la obligación de que el ministro rinda cuentas ante la sociedad”. Mientras tanto, el oficialismo busca ganar tiempo, pero el caso avanza en Tribunales y en el Congreso, donde la oposición exige que Sturzenegger dé la cara y explique, punto por punto, si las decisiones que golpean a personas con discapacidad respondieron a una política de ajuste o a un descontrol funcional que ahora sale a la luz.