El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, junto al secretario general del Rectorado, Juan Alfonsín, enviaron al Poder Ejecutivo un documento en el que exigieron “la efectiva promulgación e implementación” de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente y Nodocente. El texto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior y girado también al Congreso y al Ministerio de Capital Humano.
El Consejo Superior sostuvo que, si Milei concreta el veto, los legisladores nacionales insistan por su aprobación y que sostengan su posibilidad de sanción. La resolución recordó que en 2024 ya se había sancionado una ley similar que fue anulada por el Ejecutivo, lo que, según los consejeros, “ha generado los severos problemas que se han enumerado anteriormente y que es necesario resolver de manera urgente”.
La normativa establece la convocatoria a paritarias salariales tomando como referencia la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023. También prevé la actualización de fondos de funcionamiento, la creación de un fondo especial para carreras estratégicas y un esquema de financiamiento que crecerá del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
En su pronunciamiento, la UBA advirtió que “a lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido menor que la inflación oficial medida por el INDEC”. La institución recordó que en marzo declaró la emergencia salarial y en junio la emergencia presupuestaria, al no contar con recursos suficientes para el sostenimiento de sus actividades.
Además, el Consejo Superior incluyó en su declaración un pedido al Presidente para que no vete la Ley de Emergencia Sanitaria vinculada al Hospital Garrahan y a las Residencias Nacionales de Salud. En el escrito se reclamó “proceder a su efectiva promulgación e implementación”, en sintonía con la posición adoptada respecto al financiamiento universitario.
La ley fue aprobada en el Senado el pasado 21 de agosto, tras recibir previamente la media sanción en Diputados. De esta manera, el Congreso avanzó nuevamente con una norma que ya había sido votada en 2024 pero que fue vetada por el Ejecutivo, lo que desató en ese momento tomas y movilizaciones en universidades de todo el país.