El Gobierno avanzó en los últimos días con un decreto que busca reorganizar el esquema de decisiones del Conicet y concentrar en la Casa Rosada la definición del plan de investigaciones y del reparto de fondos, una medida que los equipos oficiales venían trabajando desde antes de las elecciones y que ahora consideran prioritaria para “reordenar los incentivos” del sistema científico.
La iniciativa plantea que las universidades tengan un rol central en la identificación de proyectos y que cada distrito oriente las investigaciones según los intereses productivos locales, con la idea de que el organismo deje de definir de manera autónoma las líneas de trabajo y se adecue a los criterios que el Ejecutivo considera estratégicos para la modernización.
En ese esquema, Nación pretende avanzar con una descentralización operativa pero con mayor capacidad de control político, al tiempo que evalúa cambios en el proceso de ingreso para privilegiar perfiles técnicos vinculados a energía, minería y salud, en detrimento de las ciencias sociales y humanidades.
El Conicet cuenta actualmente con más de 26 mil trabajadores entre investigadores, becarios, técnicos y administrativos, y sostiene una extensa red de CCT, CIT e institutos de triple dependencia con universidades nacionales, un entramado que hasta ahora funcionó con un directorio mixto cuyos integrantes surgen de propuestas del sistema académico, productivo y científico provincial.
Mientras el borrador del DNU circula por las áreas de Sturzenegger y por la secretaria de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzábal, organizaciones gremiales y científicas mantienen protestas en distintos puntos del país. El malestar se profundizó en las últimas semanas tras la decisión del Gobierno de dar de baja dos programas clave de financiamiento, una señal que para los manifestantes confirma el rumbo de ajuste y la voluntad oficial de intervenir de manera directa en la orientación de la ciencia pública.