12.12.2025 / Judiciales
Revés para el Gobierno de Milei: la Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución. La sentencia ordena la inmediata aplicación en todo el país y tiene efectos expansivos sobre el colectivo de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios.
La Justicia ordenó este viernes la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de este año. Si bien el Gobierno nacional había promulgado la norma, su ejecución se encontraba en pausa porque el Ejecutivo argumentaba que el Congreso no había estipulado el origen de los fondos.
De esta manera, el Juzgado Federal de Campana puso fin a la controversia y en un fallo declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución. La sentencia ordena la inmediata aplicación de la ley en todo el país y tiene efectos expansivos sobre el colectivo de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios, quienes habían visto restringidos sus derechos por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
El fallo analizó en profundidad la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derechos de incidencia colectiva, la legitimación para accionar en defensa de intereses individuales homogéneos y la obligación estatal de adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables. El juez recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades y la no regresividad en materia de derechos sociales.
El juez también desestimó el argumento fiscal del Ejecutivo, señalando que el propio Congreso había facultado al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la ley, y que el gobierno había realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023. La sentencia remarcó: “Nada impide a la Jefatura de Gabinete hacer uso de la herramienta de financiación que la Ley 27.793 le ha otorgado y, como en tantas otras oportunidades, reconducir las partidas como considere oportuno y adecuado en pos del cumplimiento del mandato de la promulgada ley. Lo contrario, concurriría a configurar un uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN, cuya característica central estaría determinada por un doble estándar que violentaría en forma cabal las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por el Estado argentino ya reseñadas.”
El fallo subrayó además la gravedad de la situación para las personas con discapacidad, especialmente niños y adultos mayores, y la necesidad de una protección reforzada. Citó la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció el derecho autónomo al cuidado y la obligación estatal de garantizarlo. Además, rechazó los planteos de la demandada sobre hechos nuevos vinculados al debate presupuestario en el Congreso, por considerarlos irrelevantes para la cuestión de fondo.
En su parte resolutiva, el juzgado hizo lugar a la acción colectiva, declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 para todo el colectivo representado. Impuso las costas al Estado Nacional y dispuso la notificación a todas las partes y la publicación del fallo en el Registro Público de Procesos Colectivos.
La causa fue impulsada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos menores de edad titulares de Certificado Único de Discapacidad, y rápidamente sumó la adhesión de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el país. El reclamo central apuntaba a que la suspensión de la ley, dispuesta por el decreto presidencial, privaba a miles de personas de las medidas de emergencia diseñadas para garantizar la continuidad de tratamientos, la calidad de los servicios y la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación y la inclusión social.
La demanda colectiva argumentó que la suspensión del Gobierno Nacional constituía una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso y una violación del principio de supremacía constitucional. En esa línea, sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional no puede condicionar la vigencia de una ley sancionada por insistencia parlamentaria, ni subordinarla a normas de rango inferior. Además, denunció que la medida perpetuaba el desfinanciamiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, agravando la crisis de instituciones, profesionales y familias.
El expediente reunió un extenso caudal probatorio y la adhesión de entidades como la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), la Asociación de Transportistas y Amigos Educación para Capacidades Distintas (ATAECaDis), y la Asociación Civil Colectivo 3 de diciembre, entre muchas otras.
Lo más leído
