05.03.2026 / Judiciales
La Corte definió que el juez Martínez De Giorgi investigue la denuncia contra Bullrich por represión
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado de Fuerza Patria, Horacio Pietragalla, por el operativo desplegado el 4 de septiembre de 2024 en los alrededores del Congreso. Ese día, organizaciones se movilizaron contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
La Corte Suprema de Justicia resolvió que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi investigue la denuncia contra la ex ministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad durante un operativo policial realizado en septiembre de 2024 cerca del Congreso.
La decisión llegó después de un conflicto entre dos juzgados que discutían qué tribunal debía investigar el caso. Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti respaldaron el dictamen del procurador general Eduardo Casal y determinaron que la causa corresponde a la Justicia federal.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado de Fuerza Patria, Horacio Pietragalla, por el operativo desplegado el 4 de septiembre de 2024 en los alrededores del Congreso de la Nación. Según la presentación, en ese procedimiento “se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”.
Ese día, organizaciones se movilizaron contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Durante la protesta, los manifestantes avanzaron sobre la calle y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes .
El operativo terminó con alrededor de 30 personas heridas, entre ellas ocho periodistas. En ese momento, Bullrich monitoreó el procedimiento desde el Ministerio de Seguridad.
El caso llegó primero al juzgado federal de Martínez De Giorgi, en los tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, el magistrado consideró que la causa estaba relacionada con una discusión judicial previa sobre el protocolo antipiquetes.
Ese otro expediente analizaba si la resolución del Ministerio de Seguridad que creó ese protocolo era válida. Por ese motivo, el juez intentó enviar la causa a la justicia nacional.
Pero el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 rechazó hacerse cargo, al argumentar que se trataba de dos procesos distintos. Uno discutía la legalidad de una norma y el otro investigaba si se cometió un delito durante un operativo.
Además, ese tribunal señaló que investigar a una ministra por decisiones tomadas en su cargo corresponde a la Justicia federal.
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