La inflación de diciembre fue del 2,8% y el 2025 cerró con una suba acumulada del 31,5%, el registro anual más bajo de los últimos ocho años, según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El presidente Javier Milei festejó el dato como un logro central de su gestión, aunque el número quedó rápidamente relativizado por la comparación histórica.
De acuerdo a los datos que circularon en redes y en informes económicos, durante los primeros 25 meses del gobierno de Milei la inflación acumulada alcanzó el 259,4%. Esa cifra contrastó con el desempeño inflacionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, que necesitaron 73 meses —más de seis años— para acumular un nivel similar de inflación.
La comparación también dejó en evidencia que, pese a la desaceleración reciente, el cierre inflacionario de 2025 fue superior al de 2015, último año del ciclo kirchnerista. Es decir, el dato celebrado como el más bajo en ocho años no logró perforar los niveles que se registraban antes del cambio de rumbo económico iniciado en 2016.
El contraste se volvió más marcado al observar el costo social del proceso. Mientras el Gobierno priorizó la baja de la inflación como objetivo excluyente, el ajuste fiscal y la licuación de ingresos funcionaron como anclas principales, sin una recomposición equivalente de salarios, jubilaciones y consumo.
En relación al empleo, al que señalar lo siguiente:
El contraste se profundizó al observar el mercado de trabajo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en los primeros dos años del actual gobierno se perdieron 270.852 puestos de trabajo asalariados registrados. La caída golpeó con mayor fuerza al sector privado, que explicó la mayor parte de la destrucción de empleo formal, mientras el sector público también mostró retrocesos sostenidos.
En octubre, la contracción del empleo registrado volvió a profundizarse, con bajas en casi todos los segmentos, a excepción del monotributo, que creció como válvula de escape ante la pérdida de puestos asalariados. Ese corrimiento hacia formas más precarias de trabajo reflejó el deterioro del poder adquisitivo y la dificultad de sostener empleo de calidad en un contexto de ajuste.
Así, mientras el Gobierno exhibió la inflación como principal logro de gestión, los indicadores sociales trazaron un escenario menos favorable. La desaceleración de precios no se tradujo en una recuperación del salario ni del empleo, y dejó expuesta una tensión central del modelo económico: números celebrados desde la Casa Rosada que no alcanzaron para compensar la caída del ingreso real de la mayoría de la población.