El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, como parte de una ofensiva para endurecer la política migratoria y frenar el ingreso de extranjeros.
La medida, confirmada por el Departamento de Estado y adelantada por Fox News, entrará en vigor el 21 de enero y tendrá duración indefinida, mientras las autoridades revisan los procedimientos de selección y verificación de los solicitantes. Según explicó el organismo, la suspensión se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes “no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”.
De acuerdo con un memorando interno, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visas de inmigrante bajo la legislación vigente durante el período de revisión.
La suspensión no afectará las visas no inmigrantes, como las de turismo o negocios, aunque la administración Trump se comprometió a intensificar los controles, incluida la revisión del historial en redes sociales de todos los solicitantes.
En el continente americano, además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, la medida alcanza a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. La nómina de países afectados incluye también a Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros.
La decisión se apoya en una interpretación estricta de la llamada cláusula de “carga pública” de la ley migratoria estadounidense, que permite negar el ingreso a personas consideradas propensas a depender de beneficios sociales. Un cable enviado en noviembre de 2025 a consulados de todo el mundo ya había anticipado el giro, al ordenar la aplicación de reglas más severas para evaluar a los solicitantes.
Esos criterios incluyen factores como edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes cuestionaron duramente la medida y advirtieron que podría generar un “efecto paralizante” entre las comunidades migrantes.