Los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital, reclamaron ante la jueza Loretta Preska que la Argentina sea declarada en desacato y sancionada por no haber cumplido, según su planteo, con las órdenes judiciales que obligaban a entregar comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios vinculados al área económica del Estado.
El pedido se inscribe en la etapa de ejecución de la sentencia que condenó al país a pagar US$16.100 millones más intereses por la estatización de YPF en 2012, y apunta a reforzar el proceso de discovery con el que los demandantes buscan identificar activos y responsabilidades que les permitan avanzar en el cobro del fallo.
Entre las medidas solicitadas, los acreedores reclamaron que Preska declare como “alter ego” del Estado argentino a organismos como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, una calificación que abriría la puerta a eventuales embargos sobre activos de esas entidades en el exterior.
Para sostener esa hipótesis, los fondos pidieron que la jueza tenga en cuenta correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones no oficiales, bajo el argumento de que esos intercambios demostrarían un control directo del Poder Ejecutivo sobre empresas y organismos formalmente autónomos.
Además, solicitaron la aplicación de una multa coercitiva de al menos un millón de dólares diarios mientras persista el supuesto incumplimiento, la imposición de sanciones civiles y la presunción de que la evidencia no presentada resultaría desfavorable para la Argentina, junto con la posibilidad de convocar a audiencias con testigos en vivo si el Estado alega no poder acceder a la información requerida.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron de plano el planteo y aseguraron que el país cumplió “plena y ampliamente” con el discovery, al tiempo que calificaron la presentación como un intento de hostigamiento procesal, en un expediente cuyo próximo capítulo se definirá entre febrero y marzo, cuando la defensa responda, los demandantes repliquen y Preska evalúe si corresponde avanzar con las sanciones pedidas.