16.01.2026 / CRIPTOESTAFA

Caso $LIBRA: la Justicia ordena ampliar los embargos y le exige al juzgado que acelere la investigación

La Cámara Federal consideró insuficientes las medidas patrimoniales dispuestas hasta ahora en la causa por la criptoestafa $LIBRA, avaló el reclamo de la querella y reclamó mayor impulso probatorio a un expediente que está próximo a cumplir un año.





La Sala I de la Cámara Federal resolvió darle parcialmente la razón a la querella en la causa por la criptoestafa $LIBRA al ordenar que se incrementen los embargos sobre los imputados y al reclamarle al juzgado que impulse de manera activa la producción de pruebas, al advertir que la investigación avanza con lentitud y que el paso del tiempo puede afectar tanto el esclarecimiento de los hechos como la eventual recuperación de activos.

El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revisó las medidas cautelares dictadas hasta ahora y concluyó que el embargo de 36,8 millones de pesos fijado previamente no resulta adecuado frente a la magnitud de la maniobra investigada, al señalar que no corresponde evaluar las pérdidas de manera fragmentada sino analizar el daño “en su conjunto” y de acuerdo con el grado de participación de cada imputado.

Los embargos alcanzan a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, al estadounidense Hayden Mark Davis, creador del token, al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, a la madre y la hermana de Novelli y a dos intermediarios señalados en transferencias millonarias, mientras que el presidente Javier Milei y su hermana Karina continúan bajo investigación pero sin restricciones patrimoniales, pese a que Novelli y Terrones fueron el nexo entre Davis y el jefe de Estado.

La Cámara rechazó, sin embargo, el pedido de congelamiento total de bienes solicitado por una de las querellas, al considerar que una medida de no innovar constituye una herramienta extrema que puede afectar la “libertad patrimonial de las personas” y que su aplicación debe ser “estrictamente necesaria y por el menor tiempo posible”, con posibilidad de ajustarse solo sobre bienes puntuales.

En ese marco, los camaristas destacaron que “la actuación procesal de la querella” no se limita a una disputa entre particulares sino que “contribuye a los fines del proceso penal, promoviendo la averiguación de la verdad y un mejor desarrollo de la investigación”, y ordenaron al juez que, antes de levantar cualquier restricción, fije “un prudente aval patrimonial ajustado a esa realidad”.

La resolución también puso el foco en la necesidad de dinamizar la causa al encomendar al juzgado que “arbitre los medios necesarios para obtener la producción de las probanzas que estimó conducente reunir”, con el objetivo de esclarecer la situación de los imputados, en un expediente donde la Cámara dio por acreditada la “verosimilitud del derecho” y advirtió que la demora puede jugar en contra del proceso.