19.01.2026 / AGENDA LEGISLATIVA
El Gobierno fijó el período de sesiones extraordinarias con la reforma laboral como eje de la agenda
El Poder Ejecutivo convocó al Congreso a sesionar entre el 2 y el 27 de febrero con un temario acotado a cuatro iniciativas. La reforma laboral aparece como la prioridad política del oficialismo dentro del decreto publicado en el Boletín Oficial.
El presidente Javier Milei dispuso la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para febrero con el objetivo de ordenar un debate limitado y concentrado en proyectos clave del Ejecutivo, entre ellos la reforma laboral, una decisión formalizada mediante un decreto que fija fechas, restringe el temario y condiciona cualquier ampliación a la autorización expresa de la Casa Rosada.
La medida quedó establecida a través del Decreto 24/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y establece que el Parlamento deberá sesionar durante 25 días fuera del período ordinario, que comienza el 1° de marzo, bajo una agenda previamente definida por el Ejecutivo.
El texto oficial delimita con precisión el alcance del llamado y deja en claro el control del Gobierno sobre el proceso legislativo, al señalar que “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, y aclarar que cualquier iniciativa no incluida requerirá una nueva citación presidencial.
En el Senado, el oficialismo trabaja contrarreloj para asegurar los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras se negocian cambios al texto original y se buscan apoyos entre bloques dialoguistas, en un escenario de mayor fragmentación y resistencias sindicales.
La convocatoria a extraordinarias es la segunda que realiza el Gobierno durante el receso legislativo, luego de las sesiones de diciembre en las que logró aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y se inscribe en la estrategia de acelerar reformas estructurales antes del inicio formal del año parlamentario, con una agenda definida desde el Poder Ejecutivo y escaso margen para iniciativas opositoras.
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