El Ministerio de Salud oficializó la conformación de la Comisión Nacional de Bioética y designó a Mario Lugones como su presidente luego de ejecutar una reestructuración del esquema de asesoramiento ético del área, una decisión que redefine quiénes intervendrán en debates sensibles vinculados a la atención médica, la investigación en el área de la salud y los estándares que regirán en el sistema sanitario.
La creación del nuevo organismo estuvo marcada por la disolución de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, que funcionaba desde 1998, el pasado 17 de diciembre. En el decreto donde anunció su eliminación, el Gobierno sostuvo que el cuerpo anterior “no ha funcionado de manera efectiva” y justificó el recambio institucional como una forma de actualizar criterios y concentrar funciones.
Lo llamativo, es que entre sus miembros se destacan referentes religiosos de distintos credos, como el rabino Fishel Szlajen, quien recientemente fue recibido en Tucumán por el gobernador Osvaldo Jaldo, hoy cercano a Javier Milei, para participar de la Jornada Académica de Libertad Religiosa y Dignidad Humana, organizada por la Secretaría de Culto y Vinculación provincial.
La lista sigue con el pastor Alejandro Rodríguez y el presbítero Rubén Revello de Lomas de Zamora. Asimismo, lo integrarán profesionales del ámbito médico y académico como Damasia Becú-Villalobos, Rosa Pace y Mariana Durand, lo que configura una integración plural con fuerte presencia confesional en un órgano consultivo clave.
Entre sus funciones, la Comisión deberá asesorar para garantizar el derecho a la salud y la dignidad humana, acreditar comités de ética en investigación, elaborar informes y recomendaciones ante dilemas bioéticos y promover debates públicos sobre el impacto de nuevas tecnologías y prácticas médicas.
Según la norma, la Comisión Nacional de Bioética dependerá del Ministerio de Salud, contará con financiamiento estatal y sus integrantes ejercerán mandatos de cuatro años con posibilidad de renovación, bajo el argumento oficial de fortalecer la coordinación y dotar de mayor previsibilidad y coherencia a la aplicación de estándares éticos en el ámbito sanitario.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema tiene como objetivo “optimizar recursos y reducir cargas administrativas”, tal como establece el decreto que dio origen a la Comisión Nacional de Bioética.