Según explicó el ministro de Salud, Federico Mangione, el esquema alcanzó a todos los niveles del Estado: desde el gobernador y su gabinete hasta legisladores, intendentes, concejales y autoridades de organismos descentralizados. También incluyó al Poder Judicial, con jueces, fiscales y miembros del Ministerio Público obligados a someterse a los controles, que se realizaron mediante tests rápidos homologados y con confirmación de laboratorio ante un primer resultado positivo.
El decreto estableció que los análisis se realizaron sin previo aviso y que los resultados preliminares estuvieron disponibles en un plazo aproximado de dos horas. Mangione evitó precisar el rango temporal de detección de las sustancias, bajo el argumento de preservar la privacidad y la efectividad de los estudios, en una decisión que dejó zonas grises sobre el alcance real de los controles.
En cuanto a las consecuencias, la normativa fijó un esquema desigual. Para cargos electivos o con estabilidad constitucional, como el Gobernador, legisladores o jueces, un resultado positivo confirmado fue remitido a los organismos correspondientes para activar los mecanismos de remoción previstos por la ley. En cambio, ministros, secretarios y autoridades de entes estatales quedaron sujetos a remoción directa, mientras que quienes aspiraran a ingresar a la función pública fueron directamente excluidos ante un test positivo.
El DNU también equiparó la negativa injustificada a realizar el control con un resultado positivo, reforzando el carácter disciplinador de la medida. En un contexto de creciente conflictividad social y ajuste, la iniciativa fue leída en clave política como un golpe de efecto discursivo, más orientado a la construcción de imagen que a una política integral de prevención y salud pública.