El presidente Javier Milei designó a Maximiliano Patti, referente libertario e hijo del excomisario y represor de la dictadura Luis Patti, como nuevo director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Así lo hizo a través del Decreto 67/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el propio jefe de Estado y el ministro de Economía, Luis Caputo, que lo nombró en el cargo con retroactividad al 19 de diciembre pasado.
Maximiliano Patti es dirigente del Partido de Unidad Vecinal Escobar y además es el referente de La Libertad Avanza en ese partido bonaerense, del cual su padre fue intendente entre 1995 y 2003.
Durante la campaña electoral de 2023, coordinó la mesa de trabajo del espacio y buscó posicionarse como candidato a intendente, aunque sin éxito.
En procesos electorales anteriores, Maximiliano Patti formó parte de distintas expresiones políticas y construyó vínculos con dirigentes de la derecha, entre ellos Juan José Gómez Centurión. También mantuvo acercamientos con el dirigente salteño Alfredo Olmedo e intentó integrarse a los armados políticos encabezados por Miguel Ángel Pichetto, sin lograr consolidar un espacio propio.
Patti estructuró su fallida candidatura con un fuerte énfasis en la problemática de la inseguridad y se manifestó públicamente a favor de la libre portación de armas como herramienta para enfrentar el delito. En ese marco, realizó declaraciones críticas hacia las políticas de derechos humanos, con expresiones que remiten a los posicionamientos históricos de su padre.
Luis Abelardo Patti había sido oficial de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar, cuando desempeñó tareas de inteligencia. En 1991, un año antes de renunciar a la fuerza, fue designado por Carlos Menem como investigador del caso María Soledad Morales en Catamarca, en el que buscó desligar la responsabilidad del "hijo del poder" Guillermo Luque, quien luego sería condenado.
Posteriormente a sus dos períodos como intendente de Escobar, Luis Patti fue electo diputado nacional en 2005, pero no logró asumir su banca ya que la Cámara baja impugnó su juramento por falta de idoneidad, a raíz de las acusaciones que pesaban sobre él por su tarea durante la dictadura. En 2011, finalmente, fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de al menos dos dirigentes políticos en Escobar cuando se desempeñaba como oficial de la comisaría local en el proceso militar.