La confirmación del Gobierno de que no avanzará con la actualización del Índice de Precios al Consumidor encendió una nueva señal de alarma sobre la transparencia del proceso de desinflación. La decisión, atribuida directamente al ministro de Economía Luis Caputo, terminó de sellar la salida de Marco Lavagna del Indec y dejó expuesta una tensión de fondo entre la necesidad de mostrar resultados y la consistencia técnica de las estadísticas públicas.
Según explicó Caputo, el cambio metodológico no resultaba necesario en esta etapa porque las simulaciones internas no arrojaban diferencias significativas respecto del índice vigente. Sin embargo, la postergación indefinida del nuevo IPC —que buscaba reflejar una canasta de consumo más actualizada, con mayor peso de los servicios— fue leída en clave política por buena parte del mercado, que volvió a hablar de un “termómetro roto”.
En ese contexto, comenzó a circular la pregunta sobre si era necesario recalibrar las inversiones en pesos para preservar el poder adquisitivo. El foco estuvo puesto especialmente en los bonos ajustados por CER, que dependen directamente de la medición oficial de la inflación y que, en los hechos, quedan atados a un índice cuestionado.
Pese a ese ruido, analistas financieros consideraron que la situación no obliga, por ahora, a cambios drásticos en las carteras. Desde esa mirada, quienes buscan cobertura inflacionaria todavía encuentran atractivo en los bonos CER y en los fondos que los incluyen, aun con el riesgo implícito de una medición que perdió credibilidad.
“Los bonos CER siguen siendo una inversión interesante para tener en cartera”, sostuvo el asesor financiero Fernando Villar, al comparar su rendimiento con el de instrumentos a tasa fija. En un escenario donde esas tasas rondan el 34 o 35 por ciento anual, el debate no pasa solo por la rentabilidad, sino por cuánto vale hoy confiar en un índice que el propio Gobierno decidió no actualizar.