13.02.2026 / DISTURBIOS

Tras tres días de conflicto, Pullaro anunció un aumento salarial y removió al jefe policial de Rosario

El gobernador santafesino dispuso una suba del 40% para las fuerzas de seguridad y fijó un nuevo piso salarial tras las protestas iniciadas el lunes. En paralelo, el Ejecutivo desplazó al jefe de la Policía de Rosario y confirmó cambios en la conducción local.





El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decretó un aumento del 40% para la Policía provincial, fijó un nuevo piso salarial y, en medio de la crisis desatada por las protestas de efectivos, su gestión resolvió remover al jefe de la Unidad Regional II de Rosario, Guillermo Solari.

La salida de Solari, quien llevaba apenas tres meses en funciones, fue definida por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y se produjo tras tres jornadas de manifestaciones que tuvieron como epicentro la Jefatura rosarina. En su lugar asumirá Danilo Villán, que ya ocupó ese cargo en 2020 durante la gestión de Omar Perotti.

Mientras desplazó a la conducción en Rosario, Pullaro ratificó al jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado, que había sido agredido durante una de las marchas. Ambos acompañaron al mandatario en el anuncio con el que buscó desactivar el conflicto, luego de que las concentraciones incluyeran un “sirenazo” y un intento de impedir la salida de patrulleros.

Al detallar la recomposición, el mandatario afirmó que “hubo mucho manipulación de las estadísticas” y sostuvo que el sueldo hoy va entre $960.000 y $1.002.000.

“Con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853”, aseguró, y agregó que los adicionales variarán según la peligrosidad de cada destino.

El conflicto se había iniciado el lunes por la noche, tras el suicidio de un agente en Vera, y derivó en una protesta que se extendió durante martes y miércoles en distintas ciudades. Aunque el Gobierno abrió una mesa de diálogo y anunció mejoras salariales, la Justicia imputó a 11 policías por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un cierre que dejó secuelas políticas dentro de la fuerza.