El Gobierno avanzó con la privatización de Intercargo y formalizó el llamado a licitación nacional e internacional por el total del paquete accionario. El proceso quedó definido al límite del plazo establecido por la Resolución 1067/2025 y marcó un nuevo capítulo en la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei. La empresa, que históricamente operó los servicios de rampa en los principales aeropuertos del país, quedó así en la puerta de un traspaso total al sector privado.
La valuación encargada a la consultora Deloitte ubicó el valor de la compañía en 30,1 millones de dólares bajo el método de Flujo de Fondos Descontado (DCF), criterio que el Ministerio de Economía consideró “más realista” en un escenario sin exclusividad. Sin embargo, otros enfoques patrimoniales y de mercado arrojaron cifras sensiblemente superiores, de entre 55 y 61 millones de dólares, lo que abrió un fuerte debate técnico sobre el precio de referencia y el impacto real de la apertura a la competencia.
El punto de inflexión fue la Resolución 49/2024, que puso fin a la exclusividad que Intercargo mantenía desde 1990 y habilitó a terceros operadores a prestar servicios de rampa. Con ese cambio, el “negocio asegurado” desapareció y la empresa pasó a competir en igualdad de condiciones, alterando su proyección de ingresos y, en consecuencia, su valuación.
La historia de la firma atravesó distintas etapas: creada en 1990 bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina, privatizada en los años noventa y luego reestatizada tras crisis y disputas judiciales, Intercargo volvió al control pleno del Estado en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces consolidó un esquema de operación dominante que solo permitía la autoprestación a aerolíneas con infraestructura propia.
El cronograma oficial fijó el 29 de mayo para la apertura de sobres, el 13 de julio para la adjudicación y el 21 de ese mes para la firma del contrato de transferencia. En el mercado ya suenan nombres como Paolini Grúas (División Escalum) y la firma francesa Alyzia. La incógnita es si los oferentes convalidarán el precio sugerido en un contexto donde el Estado se retira de un área estratégica y deja librada la operación a una competencia que promete ser intensa.