La Casa Rosada volvió a recurrir al cineasta de Milei con una nieta recuperada que critica el proceso de memoria, verdad y justicia, y al hijo de un militar secuestrado - que trabaja en el Ministerio de Defensa - para reinstalar la teoría de los dos demonios. Pocas views e interés comparado con los 24M previos y enojo en el Gobierno.
Organismos de derechos humanos, partidos políticos y movimientos sociales protagonizaron una movilización que se ubicó entre las más grandes desde el retorno de la democracia. En el 50° aniversario del golpe, el reclamo por memoria, verdad y justicia volvió a ocupar el centro de la escena pública.
El intendente de Lanús encabezó la charla abierta “Memoria colectiva, la vigencia de los derechos humanos y los desafíos actuales en materia de democracia y justicia” junto al activista, profesor y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en el marco del 50° aniversario del golpe cívico - militar de 1976.
A 50 años del golpe, datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que Pablo Llonto actualiza revelan un escenario de impunidad biológica, letargo judicial y retroceso en el cumplimiento de las penas. Con apenas 88 genocidas en cárceles comunes y centenares de domiciliarias, la Memoria, Verdad y Justicia enfrenta un desafío bajo la gestión de La Libertad Avanza.
En la antesala de los 50 años del golpe, la Conferencia Episcopal emitió un mensaje de profunda densidad política y social titulado "Nunca más" a la violencia de la dictadura y "siempre más" a una democracia justa. Teléfono para Milei: críticas al presente institucional y económico del país, las derivas autoritarias y la violencia verbal.
A 50 años del golpe de Estado, expertos de ONU advierten que el Gobierno está desmantelando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, así como las unidades de investigación. También cuestionan el discurso que "minimiza" los crímenes de la dictadura y el "posible otorgamiento de indulto a militares condenados".
A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una encuesta nacional del CELS y Pulsar-UBA revela que la mayoría de los argentinos considera necesario que el Estado continúe juzgando a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad.