10.03.2026 / ESCANDALO DE COIMAS EN ANDIS
Caso ANDIS: piden la indagatoria del jefe de Sistemas de la Suizo
Se trata de Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, para quien pidieron la indagatoria por negarse a abrir los correos de la firma en un operativo que duró 10 horas.
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que se cite a declaración indagatoria a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A., luego de que se negara a facilitar las claves de acceso a los correos electrónicos corporativos de la empresa durante un allanamiento judicial. Aquella negativa del llamado “amo de las claves” lo dejó en una posición comprometida dentro de una investigación que, por sus derivaciones políticas, genera inquietud en la Casa Rosada. El pedido fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini, quien deberá resolver si convoca a Díaz para que preste declaración en su principal acto de defensa. En los tribunales descuentan que el magistrado avanzará en línea con lo solicitado por la fiscalía. Ambos son los funcionarios judiciales que deberán determinar si la conducta del informático encuadra en un delito.
El episodio que transformó a Díaz —hasta entonces un testigo con conocimientos técnicos relevantes— en un imputado ocurrió el 29 de agosto, durante el allanamiento realizado en la sede de Suizo Argentina, ubicada en Avenida Monroe al 800, en la Ciudad de Buenos Aires. Ese procedimiento había sido ordenado por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco de la investigación conocida como caso Andis, según informó el periodista Ariel Zak. La causa Andis investiga un presunto esquema de recaudación ilegal y direccionamiento de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando el organismo estaba a cargo de Diego Spagnuolo. El abogado, además de su rol como funcionario público, representaba al presidente Javier Milei en distintas demandas judiciales que el mandatario promovía contra periodistas.
La investigación se originó a partir de una denuncia basada en audios difundidos por el canal de streaming Carnaval. En esas grabaciones se escucha a Spagnuolo referirse a un supuesto sistema de recaudación ilegal. En ese contexto mencionaba a la droguería Suizo Argentina como una pieza relevante del esquema y sugería que el dinero recaudado podría llegar hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Fue en ese contexto que la Justicia ordenó el allanamiento en la empresa. Durante el procedimiento, Díaz admitió que sabía cómo realizar el procedimiento técnico necesario para resetear o “blanquear” las claves de los correos corporativos y así permitir el acceso a la información solicitada por la Justicia. Sin embargo, se negó a hacerlo. Argumentó que no contaba con autorización de los directivos de la empresa ni del abogado que se encontraba presente durante el operativo.
Esa decisión tuvo consecuencias inmediatas. El allanamiento terminó extendiéndose durante más de diez horas. En medio de la tensión del procedimiento, y por orden del juez Casanello, el informático fue trasladado a una dependencia policial. La intención era apartarlo del clima del operativo y explicarle que, en su calidad de testigo, estaba obligado a colaborar con la Justicia. Pese a ello, mantuvo su negativa. Durante todo el procedimiento repitió el mismo argumento: no tenía autorización de los directivos ni del representante legal de la empresa. La postura se mantuvo incluso después de que se le recordara que existía una orden judicial debidamente notificada y que su cumplimiento era obligatorio.
A raíz de esa conducta, Díaz fue denunciado penalmente. En su dictamen, el fiscal Rívolo sostuvo que la negativa podría configurar el delito de desobediencia, una figura prevista para proteger el normal funcionamiento de la administración pública y garantizar el respeto a las órdenes legítimas de una autoridad judicial.
El fiscal fue explícito al fundamentar su pedido: “La invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye, en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público”. En otras palabras, para la fiscalía la existencia de una orden judicial válida coloca su cumplimiento por encima de cualquier directiva interna de una empresa. Si no fuera así, sostienen en los tribunales, los allanamientos podrían quedar bloqueados por decisiones corporativas.
La investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad comenzó a tramitarse en Comodoro Py el 20 de agosto de 2025 y desde entonces fue sumando episodios: allanamientos, secuestro de teléfonos, declaraciones testimoniales y el análisis de chats que, según el juez Casanello, permitieron reconstruir el funcionamiento de lo que describió como una “organización criminal” dentro del organismo estatal.
La negativa de Díaz no fue el único obstáculo que enfrentó el expediente. Todavía se recuerda en tribunales lo ocurrido cuando Casanello ordenó allanar las viviendas de Emanuel y Jonathan Kovalivker. En ese caso, alguien los alertó con anticipación. Jonathan logró irse de su casa antes de que llegara la policía. Emanuel, en cambio, fue interceptado cuando estaba a punto de abandonar el barrio Isla, en Nordelta, minutos antes del operativo. Llevaba 266.000 dólares distribuidos en sobres y siete millones de pesos en efectivo.
Por ese episodio fue imputado, indagado y posteriormente procesado el jefe de Seguridad de Nordelta, Claudio Ariel De Vicentis, acusado de haber facilitado la filtración de información sobre el procedimiento judicial. Su procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín en febrero. Mientras tanto, Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del Estado en el área de salud y con contratos millonarios con la Andis, quedó en el centro de la escena a medida que los investigadores comenzaron a reconstruir los vínculos entre funcionarios públicos y empresas proveedoras.
Entre los correos electrónicos a los que la Justicia todavía no logró acceder figuran los de Emanuel Kovalivker, integrante del directorio de la compañía, y los de Sebastián Nuner Uner, otro directivo cuyo nombre aparece repetidamente en el expediente. De acuerdo con la evidencia reunida hasta ahora, Nuner Uner habría tenido una fuerte influencia sobre quienes contaban con capacidad para direccionar contrataciones dentro de la Andis e incluso para intervenir en decisiones internas del organismo. Tanto el juez Casanello como el fiscal Picardi creen que podría tratarse del “helvético” al que varios imputados hacían referencia en conversaciones de WhatsApp incorporadas a la causa. Su domicilio también fue allanado.
Por ahora, la investigación sigue abierta y todo indica que el expediente todavía tiene varios capítulos por delante.
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