Reforma penal a la carta de Milei: penas máximas para delitos comunes y alivio judicial para la "casta"

Tras reuniones del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con los hermanos Javier y Karina Milei y, por otro lado, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trascendió que la nueva idea del gobierno libertario para reformar el código penal profundiza el punitivismo sobre los delitos comunes, con la aparición de figuras como "viudas negras" o "motochorros", mientras ablanda penas para la corrupción, el lavado de dinero y los delitos ambientales. 

Según publicó La Nación, lo que fue determinante para el cambio de enfoque del gobierno fue la llegada de Mahiques. Ahora quedó atrás la idea de presentar un nuevo Código Penal, con cambios de alto impacto político y social, para avanzar con ajustes parciales.


BLANDOS CON LOS FUERTES (SÍ, LA CASTA)

En primer lugar, según pudo saber La Nación, se reducirían las penas para funcionarios condenados por delitos de corrupción y, en la misma tónica, también se elevaría el piso para los delitos de lavado de dinero a 5000 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).

La misma versión indica que se eliminaría el capítulo que aparecía en la reforma que quedó atrás sobre genocidio y delitos de lesa humanidad, y desparecería o se debilitaría el castigo para los delitos contra el medio ambiente.

El espíritu original de la reforma que Mahiques y los Milei tiraron a la basura había sido elaborado por una comisión de juristas, coordinado por el juez Mariano Borinsky, y luego revisadas por el exministro Mariano Cúneo Libarona y la hoy senadora Patricia Bullrich.

En cuanto al lavado de dinero, básicamente los Milei y Mahiques buscaron crear una nueva condición objetiva de punibilidad del lavado de dinero, es decir, modificar el criterio que debe cumplir la plata que alguien esconda de la ley y esl Estado para ser considerado delito.

La ley de 2024 fijó el piso para perseguir el lavado en 150 salarios mínimos, o sea unos 52 millones de pesos. Por debajo de esa cifra quedan exentos de investigación. Pero ahora Milei quiere elevar aún más ese número hasta los 5.000 millones de pesos, lo que impediría perseguir importantes casos en trámite.

También el trascendido arroja que por el momento el oficialismo abandonó la idea de volver a penalizar el aborto, eliminar la figura de femicidio -que establece la pena máxima para el hombre que asesine a una mujer por cuestiones de género- y declarar como imprescriptibles a los delitos de corrupción.

Aseguran que la excusa o argumento, dependiendo desde donde se analice la versión, es que “iba a ser una guerra absoluta” aprobar la iniciativa que venía de la anterior gestión en el Palacio de Justicia. 

El nuevo criterio, que se inauguró con el desembarco de Mahiques y su viceministro de Justicia, Santiago Viola -en reemplazo de Sebastián Amerio, aliado de Santiago Caputo-, se afinca en la idea de avanzar con pasos firmes. “Cambiar las cosas, no polemizar en X”, sintetizan.

La semana pasada, el ministro de Justicia se reunió con los tres magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Tras ese encuentro se confirmó que el ministro hará consultas con el máximo tribunal sobre los ajustes del Código Penal y elevará un informe al presidente Javier Milei antes de su presentación formal.


DUROS CON LOS DELITOS COMUNES

El paquete de reformas penales en elaboración combina una ampliación de derechos para las víctimas con un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas, agrupables como delitos comunes, que reflejan modalidades criminales en expansión y de alto impacto mediático.

Señalan que el proyecto introduce un “criterio de interpretación pro-víctima”, que obligará a jueces y fiscales a ponderar sus derechos con mayor amplitud, y les otorga un rol más activo en decisiones clave.

En paralelo, se busca tipificar conductas que hasta ahora no estaban contempladas de manera específica en el Código Penal, pero que forman parte del delito cotidiano. Entre ellas, las estafas piramidales, que pasarán a tener penas de entre tres y doce años de prisión, con agravantes cuando se acredite que la víctima no podrá recuperar el dinero invertido.

El proyecto también incorpora figuras como las “viudas negras”, las salideras y entraderas, y los denominados "motochorros". En estos casos, además de fijar escalas penales específicas -que en algunos supuestos van de los dos a los 12 años- se introducen agravantes vinculados al uso de sustancias o cuando ocurren al ingreso o salida de bancos o escribanías.

También se avanzará sobre delitos vinculados al sistema migratorio. La iniciativa incorporaría al Código Penal figuras ya existentes en la legislación vigente -como el tráfico ilegal de personas o el fraude migratorio- y sumar nuevas conductas punibles, con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años en los casos más graves. Entre ellas, el ingreso ilegal al país o la violación de prohibiciones de reingreso tras una deportación.

El endurecimiento alcanza, además, a otros frentes sensibles. Se prevé elevar las penas por grooming y explotación sexual infantil, con agravantes cuando las víctimas sean menores de 13 años o personas con discapacidad, y se incorpora un esquema más severo para la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

En materia de seguridad urbana, se incrementarán las sanciones por picadas callejeras -con penas de hasta seis años, que pueden escalar en caso de homicidio- y se crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos penitenciarios, con castigos más altos si hay participación de funcionarios.

El proyecto también incluiría un capítulo sobre incumplimiento de deberes familiares, con penas que pueden llegar a los seis años de prisión en casos de reiteración o evasión fraudulenta de obligaciones alimentarias. También una reformulación integral de los delitos vinculados al maltrato animal, que pasarán a estar incorporados directamente en el Código Penal, con escalas más elevadas.

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