Obispos de la región patagónica y del Comahue repudiaron el modo en el que se desarrollaron las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares dentro del Congreso nacional, al calificarlas de “estrategias de manual” por haber "anulado intervenciones, impedido el ingreso al recinto, desestabilizado oradores e incluso incorporado a algunos que no estaban en la lista". Además, advirtieron que reconocen este tipo de prácticas por haberse en distintos debates vinculados a proyectos extractivos en la Patagonia.
“Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares”, expresaron en un comunicado, donde también señalaron que la instancia convocada por la Cámara de Diputados debía cumplir con "acuerdos e instancias legales" que, según sostuvieron, ya habían sido ignorados en el Senado.
Los prelados denunciaron que durante las audiencias se llevó adelante una metodología que se aplica “de modo sistemático desde hace décadas” en localidades patagónicas cuando se discuten proyectos vinculados a la minería.
En el documento también describieron presiones de distinto tipo sobre comunidades y autoridades locales, al señalar que en poblaciones pequeñas “despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas", por lo que "recurren a promesas y dádivas”, y
advirtieron sobre la presencia de personas movilizadas para “generar ruido y miedo” durante las asambleas y debates públicos.
UN HISTÓRICO RECLAMO
La Iglesia patagónica vinculó estas prácticas con intereses asociados a emprendimientos extractivos y cuestionó que las decisiones se tomen sin contemplar la realidad de quienes habitan el territorio:
“Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos”, enfatizaron, al remarcar que el eje de la discusión es la preservación de los recursos hídricos.
“Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen”, denunciaron. En ese sentido, también pidieron que no se obligue a las comunidades a “entregar lo poco que queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua”.
El pronunciamiento concluyó con una reflexión sobre el deterioro del debate público y a la falta de representación de las voces locales: “Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire”, expresaron los obispos.