El fiscal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida apunta a profundizar el análisis de sus patrimonios y verificar si existe correspondencia con las declaraciones presentadas ante organismos de control.
La decisión judicial busca habilitar el acceso a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles operaciones mediante billeteras virtuales. Con esa información, la fiscalía intenta reconstruir con mayor precisión la evolución patrimonial del funcionario y detectar eventuales inconsistencias.
En paralelo, la causa avanza con la citación de cinco nuevos testigos, entre ellos Pablo Martín Feijoo, amigo del funcionario e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento del barrio de Caballito que luego adquirió Adorni. Su nombre surgió tras un allanamiento de la Policía Federal Argentina en la inmobiliaria que intervino en la operación.
El expediente pone el foco en la compra de ese inmueble, ubicado en la calle Miró, que habría sido adquirido con un adelanto de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 financiado a un año sin interés, una modalidad que despertó sospechas en los investigadores. La Justicia busca determinar cómo se estructuró la operación y si existieron condiciones irregulares.
También fueron citados los responsables de la inmobiliaria, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, el encargado del edificio y Juan Ernesto Cosentino, quien vendió al matrimonio una propiedad en Exaltación de la Cruz. Con estas medidas, el expediente suma presión sobre el funcionario en una causa que empieza a escalar en volumen político y judicial.