La avanzada judicial contra la reforma laboral sufrió un nuevo traspié. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional debe tramitarse en ese fuero y no en la Justicia del Trabajo, un cambio clave que impacta de lleno en el escenario donde se definirá la constitucionalidad de la ley.
El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, ratificó la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 y respaldó la postura del Gobierno nacional, que había impulsado el traslado del expediente. La decisión se inscribió en una serie de resoluciones que vienen consolidando el andamiaje legal de la reforma promovida por la gestión de Javier Milei.
El conflicto se originó cuando el Ejecutivo planteó una inhibitoria para sacar la causa del fuero laboral. Mientras una jueza federal había aceptado ese pedido, el magistrado laboral lo rechazó, generando una disputa que ahora la Cámara saldó a favor del oficialismo. En ese marco, los camaristas consideraron que el caso excede lo estrictamente laboral y abarca cuestiones federales vinculadas a la organización del Estado y las competencias del Congreso.
En uno de los tramos más duros del fallo, los jueces cuestionaron el accionar del juez laboral al señalar que incurrió en un “procedimiento deformado”, al apartarse de las reglas previstas. Según la Cámara, esa decisión no solo generó un conflicto innecesario sino que también atentó contra la celeridad de un expediente con fuerte impacto institucional.
Además, el tribunal reforzó otro argumento central del Gobierno: las normas que modifican la competencia judicial son de orden público y se aplican de manera inmediata, incluso en causas en trámite. Así, rechazó la postura sindical que buscaba frenar ese efecto y dejó en claro que no existe un derecho adquirido a litigar en un fuero determinado, en un fallo que reconfigura el tablero judicial de la reforma laboral.