Mientras recorta en discapacidad y universidades, el Gobierno financia el reequipamiento militar

El Gobierno nacional dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026 destinar parte de los ingresos generados por privatizaciones y operaciones con inmuebles públicos al área de Defensa, en el marco del “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, bajo el objetivo de actualizar capacidades frente a avances tecnológicos y nuevas amenazas.

La iniciativa busca reforzar el equipamiento, modernizar infraestructura estratégica y recuperar capacidades del Sistema de Defensa Nacional, en un contexto que el propio decreto describe como atravesado por conflictos geopolíticos latentes, ciberataques y riesgos de sabotaje.

Para financiar estas acciones, la norma establece que el 10% de los ingresos por venta, concesión o alquiler de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa, porcentaje que se eleva al 70% cuando se trata de bienes ya bajo su órbita. También se asignará el 10% de lo recaudado por privatizaciones de empresas o participaciones estatales.

El texto aclara que estos fondos no reemplazan al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que se suman como una fuente complementaria, y reconoce que el esquema actual presenta limitaciones, con una alta proporción del presupuesto absorbida por gastos de funcionamiento y personal.

En paralelo, el decreto destaca la intervención de las Fuerzas Armadas en emergencias con tareas logísticas y sanitarias, y subraya la necesidad de contar con medios “modernos y operativos”, mientras encomienda al Estado Mayor Conjunto la elaboración de un informe en 90 días para definir prioridades.

La medida ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para reconfigurar el financiamiento del sistema de defensa y acelerar su modernización mediante nuevas fuentes de recursos.

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