21.05.2026 / INTERNACIONAL · UNIÓN EUROPEA
Seis países de la UE exportaron sistemas de espionaje a países autoritarios
Un informe de Human Rights Watch comprobó que al menos seis países miembros de la UE exportaron sistemas de espionaje a más de dos docenas de naciones con historiales comprobados de reprimir críticos y periodistas
Human Rights Watch (HRW) acusó a la Unión Europea de permitir que estados miembros exporten tecnología de vigilancia y software de intrusión a gobiernos conocidos por violar derechos humanos. El informe, titulado Looking the Other Way: EU Failure to Prevent Surveillance Exports to Rights Violators, sostiene que el regulamento de productos de doble utilización vigente desde 2021 "no está siendo implementado de forma efectiva" y que la Comisión Europea ha reinterpretado los requisitos de transparencia "de una forma que ha perjudicado el propósito de la regulamentación".
La organización obtuvo datos de licenciamiento y exportaciones mediante pedidos de acceso a la información en cada uno de los 27 estados miembros de la UE. Solo la mitad respondió con información detallada, lo que revela la falta de estandarización en la divulgación de datos a nivel europeo.
Regulamento diseñado para fallar en la práctica
El regulamento de 2021 fue creado para impedir la exportación de tecnologías de doble utilización - aquellas que pueden usarse tanto para fines civiles como militares, incluido software de espionaje comercial - hacia países donde "probablemente serán usadas para violar el derecho internacional humanitario o los derechos humanos". Sin embargo, según HRW, la Comisión Europea ha limitado deliberadamente la cantidad de información que divulga sobre las decisiones de licenciamiento, argumentando que revelar detalles violaría "la confidencialidad comercial" de las empresas.
Zach Campbell, investigador senior de HRW especializado en vigilancia, afirmó: "La UE está haciendo demasiado poco para impedir que estados miembros exporten tecnología de vigilancia a gobiernos que probablemente la usarán para reprimir la disidencia". Campbell pidió a la Comisión Europea que "actúe con urgencia" y garantice "la transparencia necesaria en las exportaciones de sistemas de vigilancia".
¿Cómo justifica la UE la falta de transparencia?
La Comisión Europea respondió a las preguntas de HRW argumentando que las decisiones de licenciamiento son "de la exclusiva responsabilidad de los estados miembros" y que la falta de detalle en los datos públicos es necesaria para "evitar violar la confidencialidad comercial o revelar la identidad" de empresas involucradas. Este criterio, según HRW, impide evaluar si la regulación está produciendo el efecto deseado: prevenir que tecnologías represivas lleguen a manos de gobiernos abusivos.
Un portavoz de la Comisión Europea declaró que la UE "atribuye gran importancia a la cuestión de los elementos de cibervigilancia, razón por la cual la Unión ha fortalecido significativamente los controles de exportación para tales artículos". El portavoz agregó que estos controles, aplicados por los estados miembros, "necesitan actualizarse regularmente para ajustarse a riesgos y amenazas de seguridad en evolución".
Casos verificados de vigilancia exportada
Entre los casos identificados por HRW están exportaciones de Bulgaria hacia más de 20 países, incluyendo Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Uganda y Jordania. Bulgaria exportó tanto "software de intrusión" (spyware que permite hackear teléfonos o computadoras de forma encubierta) como sistemas de "interceción de telecomunicaciones" (herramientas para interceptar llamadas telefónicas).
Bulgaria es sede de Circles, una prominente empresa de vigilancia que vende productos de rastreo de teléfonos móviles y estuvo previamente asociada con NSO Group, el fabricante israelí de spyware conocido por el escándalo de Pegasus. No está claro si Circles fue responsable de las exportaciones identificadas por HRW. Un representante del gobierno búlgaro afirmó a HRW que el país "mantiene una política consistente de cero tolerancia para abusos" y monitorea estrictamente el cumplimiento normativo.
Polonia aprobó en 2023 la venta de sistemas de escucha telefónica a Ruanda, también catalogado como país con bajos estándares de libertad política según Freedom House. Un representante del gobierno polaco defendió que el país considera "el riesgo de posible mal uso de bienes en un tercer país" antes de aprobar cualquier exportación. En el caso de Ruanda, afirmó que "no se identificó tal riesgo".
Países como Francia, Alemania, Grecia, Italia y España, conocidos por ser exportadores de tecnología de vigilancia, declinaron compartir datos con HRW, limitando aún más la capacidad de análisis independiente de la situación real en Europa.
Qué demanda HRW a la UE
La organización pide que la revisión del regulamento, prevista para finales de 2026, refuerce las exigencias de diligencia debida, bloquee explícitamente exportaciones de alto riesgo a países represivos y garantice la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de evaluación.
"Parece que países de la UE y empresas de vigilancia con base en la Unión están priorizando ganancias sobre derechos, a pesar de haber adoptado uno de los regulamentos más progresistas para limitar la venta de esta tecnología", señaló Campbell.
HRW enfatizó que los estados tienen obligación internacional de regular la venta y exportación de tecnologías de vigilancia debido a la "amenaza inherente" que representan para derechos fundamentales, incluyendo privacidad, libertad de expresión y protección contra la tortura.
¿Qué es un producto de "doble utilización"?
Son tecnologías que pueden usarse tanto para fines civiles como militares o represivos. En el caso de la vigilancia, incluyen software de intrusión (spyware que hackea dispositivos), sistemas de intercepción de telecomunicaciones, y herramientas de seguimiento de ubicación. La UE considera estos productos lo suficientemente peligrosos como para requerir licencia antes de exportarlos.
¿Por qué la Comisión Europea no revela los detalles de las exportaciones?
La Comisión argumenta que revelar información sobre licencias y empresas violaría la "confidencialidad comercial" de los fabricantes de tecnología de vigilancia. Sin embargo, HRW sostiene que esta justificación hace imposible verificar si la regulación realmente previene abusos de derechos humanos, transformando el regulamento en un sistema opaco sin supervisión pública.
¿Cuándo entra en vigencia la revisión que pide HRW?
El regulamento está programado para revisión a finales de 2026. HRW pide que en esa revisión se fortalezcan los requisitos de transparencia, se establezcan bloqueos automáticos para países represivos documentados, y se permita que organizaciones de derechos humanos participen en la evaluación de licencia
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