Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia y responsable de investigaciones que alcanzaban al consultor argentino Fernando Cerimedo, fue detenido apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de corrupción y vínculos con el narcotráfico. La secuencia ocurrió mientras se difundían fotografías de Cerimedo junto a Donald Trump Jr. y Brad Parscale, exjefe de campaña del presidente estadounidense.
El exasesor de Javier Milei quedó detenido en Bolivia y no respondió preguntas ante la Justicia. Su expareja Nadia Beller, víctima del ataque armado, lo señaló por ese hecho y aportó detalles sobre las horas previas y posteriores a los tres disparos.
Bolivia atraviesa una nueva crisis política y social marcada por bloqueos de rutas, falta de combustibles y crecientes tensiones. La situación afecta especialmente a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Además, la OEA anunció que analizará el escenario boliviano por el agravamiento del conflicto.
Javier López Biscayart le dio vista a la fiscalía a cargo de Claudio Navas Rial para que opine sobre la ampliación de la denuncia realizada por el Gobierno nacional respecto al rol del exjefe de Gabinete, el excanciller Faurie y el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo en el envío de armamento bélico a los autores del golpe de Estado a Evo.
Se trata del legislador porteño Claudio Romero, quien calificó a lo que hizo Macri de "negociación de país a país" como "en la época de Menem se mandó" armamento a Ecuador y a Croacia y ameritó una condena luego quitada por la demora en el juicio. Mirá el video.
Javier López Biscayart declinó la competencia del caso del envío de armamento de JXC a Bolivia durante el golpe de Estado. Lo pasó al juzgado de su colega Alejandro Catania. Éste debe decidir si acepta o si la lleva a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que se defina quién sigue investigando.
El ministro de Gobierno de Bolivia afirmó que hubo un plan para dar el golpe de Estado y aseguró que a su país ingresó "armamento antidisturbios no autorizados". Dijo que funcionarios argentinos y bolivianos violaron tratados internacionales, cometieron "tráfico ilícito de armas" y que la pena es "30 años de prisión sin derecho a indulto”.
El ministro de Justicia afirmó que “a esta altura no quedan dudas” de que hubo un envío irregular de material represivo por parte del gobierno de JXC a Bolivia en noviembre de 2019. Su par de Defensa agregó que tiene "pleno convencimiento de que el expresidente estaba al tanto".
El expresidente volvió a decir que la carta que difundió el financiamiento bélico de Argentina a la dictadura de Áñez "es falsa", pese a la confirmación, y continuó su línea de que "hubo un estallido social". "¿Qué culpa tienen los gendarmes? Otra vez le arruinan la vida a tres familias para justificar esta operación", planteó.
Mientras se ordenan las primeras medidas en la causa por el envío de material bélico a Bolivia, se conocen nuevas pruebas que perjudican las justificaciones del macrismo: ante las protestas en Chile, la gestión PRO mandó una misión similar, pero con números racionales y volvieron todas las municiones.