El gobierno de
Javier Milei intensificó en las últimas semanas las negociaciones con aliados parlamentarios y gobernadores para intentar aprobar antes del Mundial un paquete de proyectos que incluye la Ley Hojarasca, la reforma del régimen de Zona Fría, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el paquete de Propiedad Privada, en una estrategia orientada a mostrar capacidad de gestión y ordenar la agenda política en medio de la presión por el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La
reforma electoral habría sido postergada para un momento posterior a la Copa del Mundo. Aunque sigue siendo una prioridad para el oficialismo, admiten que no cuentan con los votos necesarios para aprobar el texto original y que deberán negociar cambios, especialmente en torno al futuro de las PASO.
La Libertad Avanza ya pidió una sesión especial en Diputados para el próximo 20 de mayo con un temario que incluye la
Ley Hojarasca y la modificación del esquema de subsidios al gas en
zonas frías. En el oficialismo aseguran que cuentan con respaldo suficiente para avanzar en ambos proyectos y convertirlos en una señal política antes de junio.
El proyecto sobre
patentes, en tanto, quedó atravesado por fuertes negociaciones entre laboratorios nacionales e internacionales. El Ejecutivo aceptó modificaciones en Diputados y eliminó uno de los capítulos más cuestionados por la industria farmacéutica para sostener consensos y evitar nuevos obstáculos legislativos.
También hubo cambios en el paquete de
Propiedad Privada, donde el Gobierno accedió a retirar el capítulo vinculado al ReNaBaP y a dejar en manos de las provincias la definición sobre venta de tierras a extranjeros. La intención es llevar el texto al Senado antes de fin de mayo con apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales.
La ofensiva legislativa convive además con una disputa parlamentaria alrededor de Manuel Adorni. Sectores de la oposición buscan avanzar con pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, mientras el oficialismo intenta bloquear esas iniciativas superponiendo sesiones y priorizando debates propios para evitar que la investigación judicial sobre su patrimonio monopolice la agenda política.