El documento, aprobado mediante la Resolución 695 firmada por el ministro Luis Caputo, expuso varias debilidades estructurales del organismo. Entre ellas, mencionó un “ecosistema tecnológico obsoleto” y problemas para sostener equipos profesionales en áreas estratégicas vinculadas al análisis de datos y sistemas técnicos.
En apenas dos años, el Gobierno avanzó con un recorte de alrededor de 3.000 cargos dentro del organismo, principalmente puestos directivos y gerenciales, a través de retiros voluntarios, jubilaciones y despidos. La reestructuración fue presentada como parte del ajuste sobre el Estado y estuvo acompañada por fuertes críticas oficiales a los salarios que percibían las autoridades de la ex AFIP.
Sin embargo, el propio plan oficial admitió ahora que ARCA tiene una “gestión del talento limitada” y dificultades concretas para atraer y retener profesionales especializados. La situación encendió alertas internas debido al rol clave que cumple el organismo en materia de fiscalización, recaudación y control aduanero.
La creación de ARCA había sido presentada por el Ejecutivo como una de las fortalezas de la nueva administración tributaria. No obstante, el reconocimiento sobre la pérdida de cuadros técnicos dejó en evidencia las consecuencias del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre áreas sensibles del Estado.