20.05.2026 / LICITACIÓN

Hidrovía: denuncian que el Gobierno armó una “trampa” en la licitación del dragado

La apertura de las ofertas económicas terminó en empate entre las dos empresas belgas que compiten por la concesión y reavivó las críticas por presunto direccionamiento, irregularidades técnicas y falta de estudios ambientales sobre el río Paraná.





La Procuraduría de Investigaciones Administrativas y referentes portuarios cuestionaron con dureza el esquema diseñado por el Gobierno nacional para adjudicar la nueva concesión de la Hidrovía al advertir que los pliegos incluían una fórmula que prácticamente anulaba la competencia económica entre las empresas y trasladaba la definición final al terreno técnico, donde Jan De Nul había quedado mejor posicionada desde el inicio.

La polémica se profundizó luego de que las dos firmas belgas en carrera, Jan De Nul y DEME, presentaran exactamente la misma oferta económica: 3,8 dólares por tonelada transportada. El empate obligará ahora al Ejecutivo a volver sobre la evaluación técnica, un punto que ya había sido señalado por la fiscalía anticorrupción como uno de los aspectos más sensibles del proceso.

En el dictamen remitido a la Justicia, la PIA sostuvo que el mecanismo de evaluación utilizado por el Estado generó una “competencia ficticia” y favoreció un posible direccionamiento. También cuestionó la doble ponderación de la oferta técnica dentro del puntaje global y alertó sobre falencias en la cláusula anticorrupción y la ausencia de dictámenes jurídicos exhaustivos.

A las observaciones administrativas se sumó además el cruce entre las propias empresas participantes. Aunque el Ministerio de Economía aseguró que no existieron impugnaciones, tanto DEME como Jan De Nul intercambiaron acusaciones vinculadas a presuntos lazos con compañías chinas asociadas al negocio del dragado y la infraestructura portuaria.

Otro de los focos de conflicto gira alrededor del impacto ambiental que podría provocar la profundización del calado en distintos tramos del Paraná. Desde el Foro por la Recuperación del Paraná advirtieron que no existen estudios integrales actualizados que evalúen las consecuencias de una intervención de esa magnitud sobre el ecosistema del río.

La PIA retomó incluso observaciones previas de la Defensoría del Pueblo y cuestionó que los análisis ambientales hayan quedado relegados a una instancia posterior a la elaboración de los pliegos. Para los organismos que siguen el proceso, avanzar con la licitación sin esos estudios convierte a la evaluación ambiental en “una simple formalidad” y no en una condición determinante para definir la viabilidad del proyecto.