La Libertad Avanza obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con varias modificaciones reclamadas por los aliados. De esta manera, los libertarios buscarán llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta en las próximas semanas.
Se trata de uno más de los proyectos formulados por el ministro Federico Sturzenegger, aunque su iniciativa atravesó modificaciones desde la presentación. La principal fue el retiro del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que continuará bajo administración federal. Además se fijaron límites al lucro cesante a las expropiaciones y la categorización diferenciada entre usurpadores y ocupantes ilegítimos en los desalojos. Al mismo tiempo, la regulación sobre posibles restricciones a la venta de tierras a extranjeros quedará en manos de las gestiones provinciales.
Además de los miembros de La Libertad Avanza, la propuesta tuvo apoyo del PRO y la UCR, además de los provincialistas en disidencia. El peronismo volvió a rechazar la iniciativa, aunque esta vez su oposición fue íntegra: los representantes de Convicción Federal, alineados con gobernadores aliados a Casa Rosada, expresaron su negativa en la comisión.
El proyecto dictaminado sería incluido en una sesión del Senado fechado para el jueves 28 de mayo, con dos proyectos en los que el Gobierno tendría apoyo: uno para acordar el pago a dos fondos buitre y otro para continuar el aval de pliegos judiciales para llenar vacantes en la Justicia.
La primera iniciativa implicaría el pago a los holdouts por Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, por USD 104 millones y USD 67 millones, que estaba preparado para tratarse la pasada semana y fue prorrogada por un error en el detalle de los bonos del primero de los fondos.
En tanto que el Gobierno continuaría con su avance en el tratamiento de pliegos judiciales, con una nueva tanda de candidatos que ocupen cámaras federales luego de lo que fue la aprobación de la extensión del juez Carlos Mahiques por cinco años en la Cámara Federal de Casación Penal y el aval a 66 nuevos cargos vacantes.