La Casa Rosada resolvió reordenar su estrategia parlamentaria y concentrar en las primeras semanas de junio el tratamiento del paquete de propiedad privada y el acuerdo con holdouts, mientras enfría por tiempo indefinido la reforma electoral ante la falta de votos suficientes en el Congreso y las dificultades para sostener negociaciones simultáneas con gobernadores, bloques aliados y sectores dialoguistas.
Según trascendió por fuentes autorizadas, desde el Ejecutivo consideran prioritaria la aprobación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya obtuvo dictamen en el Senado con modificaciones y podría llegar al recinto en los primeros días del próximo mes. La intención del oficialismo es unificar esa sesión con la validación del acuerdo para cancelar US$171 millones con fondos que mantienen sentencias firmes contra la Argentina en el exterior.
En paralelo,
el Gobierno decidió postergar el debate por las iniciativas de Zonas Frías y Ley Hojarasca, ambas con media sanción en Diputados. La definición responde a una lógica de segmentación de temas: primero avanzar con los proyectos que consideran estratégicos para el frente económico y luego abrir discusiones de mayor complejidad política.
La reforma electoral quedó directamente relegada. Aunque en el entorno presidencial siguen definiéndola como una prioridad,
reconocen que el escenario parlamentario todavía no garantiza el respaldo necesario para aprobar el texto original, por lo que el debate pasará a una segunda etapa legislativa prevista para después del inicio del Mundial.
Otro de los expedientes que el oficialismo intentará destrabar en junio es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, impulsado por Estados Unidos y resistido por laboratorios nacionales. El proyecto ya tiene dictamen en Diputados, pero el Gobierno introdujo cambios para mantener bajo reserva uno de los capítulos más cuestionados y evitar nuevos rechazos en el recinto.
Mientras tanto, el Ejecutivo prepara el envío de una nueva tanda de iniciativas al Congreso, entre ellas el denominado Súper RIGI y un paquete de desregulaciones vinculadas al mercado inmobiliario, de capitales y de seguros. En cambio, la reforma del Código Penal seguirá fuera del calendario inmediato debido a las diferencias internas que todavía persisten dentro del propio oficialismo.