El juez federal Daniel Rafecas dictó este martes el procesamiento de Claudio Herz, el hombre que amenazó de muerte a Cristina Kirchner con un megáfono frente al Instituto Patria. También lo embargó en $400 mil por los delitos de amenazas e intimidación pública, sin prisión preventiva.
El abogado defensor del empresario, que ya está condenado con prisión domiciliaria por otro juicio, comenzó los alegatos, apuntó contra la fiscalía y sostuvo que “la construcción del relato se destruye simplemente con leer la prueba en lugar de pesarla”. "El doble estándar de la fiscalía va a ser desenmascarado”, aseguró.
Los procedimientos ordenados por la jueza María Eugenia Capuchetti se realizaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en inmuebles vinculados a dos personas que quedaron bajo sospecha a partir de distintas conversaciones de whatsapp que mantuvieron con Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido en la causa.
La Secretaría, a cargo de Horacio Pietragalla, considera que los jóvenes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos. El recurso presentado a la Justicia da cuenta del accionar de control por parte de la Policía porteña que -además de verificar quién ingresa y sale de los colegios- sacan fotos de estudiantes y graban videos.
La decisión fue del Tribunal Oral Federal 7. El ex jefe del Ejército se declaró inocente. También consideró que fue “víctima de una persecución política, mediática y judicial” tras haber sido designado en ese cargo.
Se trata de Claudio Herz, el hombre que el 21 de Julio se paró frente al Instituto Patria y amenazó con “la horca” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los asesora el mismo abogado que defiende a Sabag Montiel.
La posible vinculación entre la organización de ultraderecha y el intento de asesinato a la Vicepresidenta fue señalada en la causa por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir de un informe que presentó en el expediente sobre el atentado. Cómo sigue la investigación.
La vicepresidenta de la Nación publicó una carta en la que sostuvo que "para el peronismo hay Derecho Penal de autor". En este sentido, comparó la Causa Vialidad con el tratamiento que recibieron el expresidente De la Rúa y los funcionarios responsables de la represión de diciembre de 2001.
El tribunal federal porteño integrado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia determinó la inexistencia de pruebas que puedan dar cuenta de que el fiscal y el falso abogado trabajaron de manera conjunta para perjudicar a ex funcionarios del Gobierno.
El ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas volvió a referirse al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y remarcó la necesidad de un acuerdo político entre todos los sectores.