23.10.2014 - 08:10 /
Continúan los apoyos a la reforma del Código Procesal Penal
Patricia Bullrich (PRO) y Sergio Massa (FR) se mostraron a favor de la iniciativa
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, enviado por el Ejecutivo al Congreso para ser debatido, "cuenta con amplio nivel de consenso" y está en lo cierto ya que desde el Frente Renovador y desde el PRO -dos habituales opositores del gobierno- avalaron la iniciativa.
Además, no sólo el arco político se mostró a favor sino que la reforma tuvo también la aprobación de la mayoría de las asociaciones profesionales del Derecho, de juristas consultados en forma individual, de magistrados y fiscales del ministerio público.
Al respecto, Sergio Massa aseguró: "Estoy de acuerdo con herramientas que permitan expulsar a inmigrantes que cometen delitos. Creemos que es importante terminar con la puerta giratoria y las trampas procesales" en clara alusión al artículo 35 inciso "c", que prevé –con algunas excepciones– la expulsión de los extranjeros sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito relativamente grave.
Por su parte, Patricia Bullrich (PRO) dijo que el proyecto "en principio, parece positivo" y destacó: "Es importante alcanzar un procedimiento más rápido, más ágil y con menos vericuetos".
En cuanto al ámbito judicial, la jueza de Casación Penal María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima, valoró como "un aspecto muy importante" la posibilidad de que "un particular damnificado continúe un proceso por la acción privada más allá de las decisiones que tome un fiscal" y se refirió a la potestad de dictar la prisión preventiva ante casos en los que esté en juego una presunta "conmoción social". "Esa es una facultad que podría aplicarse en casos como los de Once o Cromañón, que causaron muchas víctimas, y siempre que exista un real peligro de fuga. De todos modos, no hay que abusar de su empleo".
Además, no sólo el arco político se mostró a favor sino que la reforma tuvo también la aprobación de la mayoría de las asociaciones profesionales del Derecho, de juristas consultados en forma individual, de magistrados y fiscales del ministerio público.
Al respecto, Sergio Massa aseguró: "Estoy de acuerdo con herramientas que permitan expulsar a inmigrantes que cometen delitos. Creemos que es importante terminar con la puerta giratoria y las trampas procesales" en clara alusión al artículo 35 inciso "c", que prevé –con algunas excepciones– la expulsión de los extranjeros sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito relativamente grave.
Por su parte, Patricia Bullrich (PRO) dijo que el proyecto "en principio, parece positivo" y destacó: "Es importante alcanzar un procedimiento más rápido, más ágil y con menos vericuetos".
En cuanto al ámbito judicial, la jueza de Casación Penal María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima, valoró como "un aspecto muy importante" la posibilidad de que "un particular damnificado continúe un proceso por la acción privada más allá de las decisiones que tome un fiscal" y se refirió a la potestad de dictar la prisión preventiva ante casos en los que esté en juego una presunta "conmoción social". "Esa es una facultad que podría aplicarse en casos como los de Once o Cromañón, que causaron muchas víctimas, y siempre que exista un real peligro de fuga. De todos modos, no hay que abusar de su empleo".
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