El profesor titular consulto de Derecho Penal UBA, Julio Maier, el integrante del Consejo asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales Alberto Binder y la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort, coincidieron en que no está dentro de las funciones constitucionales de la Corte Suprema la realización de las escuchas telefónicas, al defender que estas competencias actuales de la ex Side pasen al Ministerio Público Fiscal.
"La Corte no puede asumir una función que no sea aquella que le corresponde constitucionalmente porque no hay que olvidar que sus competencias ya están fijadas por la Constitución, entonces no se puede a través de una ley fijar nuevas atribuciones", manifestó Binder.
Con esta postura acerca de que la investigación de las escuchas telefónicas no es una tarea prevista en la Constitución nacional para la Corte Suprema de Justicia, coincidió Maier, en tanto que Peñafort agregó que la jurisprudencia le impediría al máximo tribunal absorber estas competencias.
En declaraciones a Infojus, la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa agregó: "Es algo que no está sujeto a debate, porque resultaría inviable desde la propia jurisprudencia de la Corte delegarle competencias administrativas. En este sentido, la Oficina de Observaciones Judiciales no podrá estar asignada a la Corte porque así lo marcan leyes que tienen vigencia desde 1984".
Peñafort explicó que hay varios fallos, "pero centralmente está el que se refiere a la inaplicabilidad de la Ley 22.192, que otorgaba a la Corte la facultad de designar a los miembros del Tribunal de Ética Forense".
"El máximo tribunal lo rechazó, porque excedía notoriamente el marco de las atribuciones jurisdiccionales que la Constitución otorga a este Tribunal Superior y a las cuales debe ceñirse estrictamente en su accionar", detalló.
Asimismo, Binder puntualizó que "en principio está muy bien que las escuchas jurídicas salgan de la órbita de la secretaría de Inteligencia" y que "la Corte hoy ya tiene fijadas sus competencias y hoy creo que la única opción es esta: que pase a la Procuración General".
Con respecto a la decisión de que pasen a depender de Ministerio Público Fiscal, en declaraciones, Maier consideró que "no habría problema" en que esa oficina dependa de la Procuración.