Después de guardar silencio durante dos días sobre el escándalo en torno a la condonación de una deuda de la gestión de Mauricio Macri a Correo Argentino, del Grupo Macri,
la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que “es más que obvio” que “va a actuar” para investigar el tema.
"Aquí se ha hecho mucho, pero no es nuestro interés andar por los canales de televisión haciendo denuncias", justificó Alonso tras la demora de un pronunciamiento por parte de la Oficina que comanda.
"La fiscal hace alusión a la ética y por ello abrimos una actuación desde la Oficina para estudiar el caso", dijo en declaraciones a Radio Mitre. “Lo que nos importa es analizar el expediente completo”, agregó.
El tema estalló hace dos días, cuando trascendió que el Gobierno de Cambiemos acordó con el Grupo Macri el pago de una deuda con el Estado por el Correo Argentino que implicó una quita del 98,87 por ciento en perjuicio del Estado, según indicó el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín. Esa quita implica cuatro mil millones de pesos a valores actuales, y asciende a 70 mil millones de pesos proyectando el monto a 2033, cuando se completaría el pago.
Mientras la Oficina Anticorrupción anuncia que actuará al respecto, ya fueron presentadas sendas
denuncias penales contra el Presidente, el ministro de Comunicaciones y un funcionario de esa cartera, por presunto fraude a la administración pública, entre otros cargos.
En tanto la ONG
Poder Ciudadano, que fue presidida por Alonso, emitió ayer un comunicado alertando sobre el pacto Estado-Correo. “Desde Poder Ciudadano consideramos que la aceptación por parte del Estado Nacional de la propuesta realizada por Correo Argentino SA, podría configurar una serie de irregularidades y, eventualmente, delitos contra la Administración Pública”, advirtieron. Y remarcaron que “esto exige que los distintos poderes del Estado tomen un rol central, no sólo para proteger los intereses de la sociedad, sino también para
evitar que el interés individual de algunos funcionarios prevalezca por sobre el interés general, produciendo así un irreparable perjuicio para el Estado”.