
Con una multitudinaria
Marcha Federal y el pre-anuncio de paro general conjunto de central obreras y movimientos sociales como banda soporte,
el gobierno de Mauricio Macri cerró un paquete con el veto antitarifazo y la tijera "light" de Nicolás Dujovne para encaminarse desde este domingo hacia la etapa final de la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluya tres ítems clave con la mira puesta en un fuerte ajuste de cara al Presupuesto 2019.
LA DOBLE PUNTA DE LANZA
Mientras la mesa chica Dujovne mantiene reuniones con técnicos del organismo,
el empoderado ministro de Hacienda viajará este domingo a Washington con el propósito de iniciar la etapa final de la firma de un acuerdo con el FMI que, según promete, debe contemplar al menos tres características para que la viabilidad del proyecto de Cambiemos se extienda en el tiempo.
Sin embargo, para que ese comienzo de la parte final de la negociación pueda darse,
la dupla Macri-Dujovne tuvo que pagar un doble costo político para construir una lanza -valga la redundancia- también doble: por un lado, el veto a la ley de Tarifas Justas, que retrotraía tarifas a noviembre de 2017 y le ponía el tope de no poder superar a la inflación;
por otro, el ajuste "light" que el titular de Hacienda se encargó de anunciar hoy, fuertemente compuesto de achicar el llamado "gasto político" pero que también incluyó otros elementos de ahorra a través de pasar la tijera en universidades, organismos descentralizados y empresas públicas.
Tal como anticipó el jefe de bloque de Unidad Ciudadana en el Senado,
Marcelo Fuentes, a Política Argentina,
la estrategia de postergar todo lo posible la discusión por tarifas no sólo permitía evitar despilfarrar imagen pública, sino que también era central para garantizar al Fondo que al Presidente no le temblaría el pulso para derribar cualquier intento del Congreso de limitar el ajuste que exige el organismo. Todo terminó en el veto.
De esa forma,
Cambiemos ya consiguió dejar tal cual planifició y ejecutó hasta el momento el incremento en los servicios, y también permitió allanar el campo para sostener con mano de piedra la escalada tarifaria para continuar podando la cuenta de subsidios. Ese plan supone que en agosto debería aplicarse un nuevo aumento a la luz y en octubre al gas.
Antes de la devaluación, según las subas estimadas para este año, el Presupuesto 2018 preveía la supervivencia de unos $203 mil millones en subsidios, de los cuales $108 mil millones estarían en energía y el resto en Transporte.
La pregunta es si además de las subas ya estipuladas en luz y gas y del último aumento de colectivos y trenes, que rige desde este primero de junio, la corrida del dólar no hará "necesaria" (o exigida) en el segundo semestre otra ronda de ajustes en el transporte y los fluidos.
La otra punta de la lanza es el ajuste "bien visto" que hoy anunció Dujovne. En este caso, no se trata solamente de una señal clara al FMI, sino también a la opinión pública, que deberá tolerar lo que el organismo exigirá al menos con el miorrelajante de que "la política" y otros gastos "evitables" ya fueron recortados. Este achique "light" se compone de 10 puntos centrales:
• Sin ingresos al Estado durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad.
• Los convenios por Asistencias Técnica de universidades nacionales quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta modalidad para proveer servicios personales.
• Se analizará todo tipo de premio vigente para establecer su pertinencia, alcance e impacto presupuestario.
• Los ministerios rendirán el gasto de servicios extraordinarios de 2018 y deberán reducirlos en un 30% para el resto del ejercicio. Estos servicios son horas extra, comidas y viáticos.
• Se prohíbe la contratación de viajes en clase ejecutiva a toda persona con rango inferior a ministro o equivalente. Se debe prever la disminución del 30% de este tipo de gastos.
• Se relevarán los vehículos de uso oficial de funcionarios y flotas operativas. Además, quedan suspendidos los procesos de adquisición hasta que termine la finalización del relevamiento.
• Los vehículos oficiales podrán únicamente estar a disposición del traslado de funcionarios con rango superior a secretario.
• Se revisarán las estructuras de entes descentralizados y desconcentrados. Las modificaciones de las nuevas estructuras implicarán un ahorro presupuestario mayor al 25% en el conjunto de organismos.
• Las empresas públicas informarán su planificación en gasto de personal para el año 2019 en un plazo de 90 días.
• Se reducirá en un 15% los fondos destinados a las empresas públicas con el objetivo de alcanzar un equilibrio operativo para 2019.
EL TRIPLE ESCUDO DEL PACTO CON EL FONDO
Ejecutadas las dos decisiones a modo de gestos,
la mesa chica económica que, tras la "turbulencia" cambiaria, conduce Dujovne en nombre de Macri acordó como promesa la firma de un acuerdo con el FMI que incluyera tres elementos clave que esta semana trabajaron los funcionarios que Hacienda y Finanzas mantienen en Washington.
1- El primer elemento ya es público y, forzadamente, ya lo anunció Macri ayer, en la conferencia de prensa en tierras de Juan Manuel Urtubey para confirmar el veto:
"En pocos días tendremos un acuerdo con el Fondo y, después, tenemos que ponernos a trabajar juntos para el Presupuesto 2019".
El nuevo endeudamiento tiene que "cerrar sí o sí antes de los próximos 15 días", sintetizaron varios columnas de periodistas en las últimas horas. Es que en el esquema oficial, el Banco Central de Federico Sturzenegger seguirá enviando la señal de que ofrece USD 5.000 millones a $ 25 como forma de contener la devaluación. Pero esa contención está siendo pagada con ventas masivas del Banco Nación de los dólares remanentes de la última colocación de BOTES que Luis "Toto" Caputo le puso a sus fondos amigos. Pero cuando eso se acabe, se va a vaciar la caja.
¿Cómo evitar eso?
Según Dujovne, anunciando el pacto con el Fondo lo antes posible, se podrá cumplir lo que el Fondo, entre otras cosas, exige: soltar el dólar para que los dólares que el organismo prestaría a la Argentina no se vayan en "turismo y billetes verdes bajo el colchón", y se garantice la devolución de lo prestado más los intereses.
La idea es que el Banco Central venda la menor cantidad de dólares posibles al valor límite, y, según el titular de Hacienda, para eso necesitan cuanto antes el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario. La tesis es que a partir de esa señal, la tasa de interés (hoy en 40%) descendería gradualmente.
Sólo entonces, el dólar podría subir con la inflación o incluso más hasta fin de año. Allí se enterraría, a pedido del Fondo pero gracias a anunciar el acuerdo con el Fondo, la etapa de frenar la inflación con el ancla cambiaria. Saben que el FMI no desembolsará fondos para defender un dólar barato.
2-
La nueva deuda tiene que empezar con el número 3. De ahí que el acuerdo "stand by" tendría la característica de ser "de alto acceso". Pueden ser 30, 32, 35, o USD37 mil millones. Pero siempre arriba de treinta mil millones de dólares. ¿Por qué? Macri, Dujovne y Caputo creen que sería la señal que esperan los inversores financieros de que no hay ningún riesgo en el pago de los vencimientos de la deuda por los próximos dos años y que incluso se podría prescindir de emitir bonos en el mercado si no bajara el riesgo-país.
3-
Así como el préstamo tiene que empezar con 3, el déficit fiscal que se "acuerde" con el Fondo debe arrancar con "uno coma algo". Lo más aceptado por la mayoría de los especialistas y las versiones periodísticas, es que estaría entre 1,1 y 1,5%. Sí, difícil de cumplir.
Para el Gobierno, con que la meta de déficit primario (sin intereses) impuesta sea mayor a 1%, es un "golazo".
¿Por qué? Cada 0,1% son unos USD 600 millones, o $15 mil millones adicionales a recortar en el presupuesto. ¿Para qué? Para evitarle conflicto social -marchas y paros- y político -ceder o pelear con gobernadores- a Macri.
LO QUE VIENE SI LA DOBLE PUNTA DE LANZA Y EL TRIPLE ESCUDO FUNCIONAN
Si Dujovne consigue terminar este año, a partir del ajuste "light" y de la continuidad del esquema de los tarifazos, con una meta de déficit fiscal operativo del 2,5% (tras el orginal presupuestado de 3,2%, que después bajó a 2,7% y ahora se aplastaría un poco más), y presupuestar cerca de 1,5% o más para 2019,
el Gobierno se auto-obliga a una serie de pasos que son, al mismo tiempo, para alcanzar esos objetivos y para cumplir con lo prometido al FMI.
A diferencia de la tijera corta de hoy y los "gastos políticos" y de empresas públicas y organismos cescentralizados, que son "ejemplificadores" pero no producen ahorros significativos (para el Estado, pero sí recortes graves para las víctimas),
las medidas de ajuste en carpeta son de profundo impacto en la economía y la política.
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Continuidad del ajuste a través de tarifas: los mencionados $203.000 millones en subsidios que estaba estipulado que continuaran, según el Presupuesto 2018 pero antes de la devaluación por "turbulencia cambiaria". La incógnita es si además del último aumento de colectivos y trenes, que rige desde este primero de junio, del incremento en gas y luz para octubre, será necesario en el segundo semestre otra ronda de ajustes en el transporte y fluidos.
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Transferencia de servicios a las provincias, pero sin recursos. En el listado está desde el Fondo de Incentivo Docente, hasta obras de pavimento urbano que se financiaban en distintos municipios con recursos nacionales y que ahora deberán costear el gobernador o el intendente o, en su defecto, ser frenados. Pero también programas específicos de los ministerios de Salud, Educación, Interior, Transporte, Trabajo, entre otras áreas. En esta línea, ya se empezaron a conocer despidos en oficinas que el Estado nacional tenía en el Conurbano, como por ejemplo las de Empleo que estaban contenida y financiadas por la cartera de Trabajo. Cerca de un 60% de los empleados estatales dentro del 30% que no son fuerzas de seguridad ni empleados de hospital y educación depende de departamentos del gobierno nacional pero trabaja concretamente para municipios o provincias.
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Congelamiento de transferencias discrecionales –no automáticas– a las provincias (en lo que va del año cayeron -0,4% nominal), para lograr un ajuste real. En términos económicos, es un ahorro para las arcas nacionales. En términos reales, menos obras para los ciudadanos, principalmente del interior del país. En términos políticos, menos chequera para que Macri condicione a los gobernadores.
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Paritarias súper a la baja en los salarios de funcionarios y empleados públicos nacionales, que no deberían superar el 12/15%. Así, en los cálculos oficiales, la inversión en sueldos de trabajadores del Estado caería entre 10 y 13 puntos en términos reales.
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Menos obra pública: en los primeros cuatro meses del año, ese gasto ronda el 20% en términos nominales (el 45% real). Hasta intendentes de Cambiemos, aseguran versiones, ya se quejaron con los ministros correspondientes -principalmente Rogelio Frigerio y Guillermo Dietrich- porque les cortaron fondos de obras que habían sido licitadas, y les suspendieron todos los proyectos. Hasta María Eugenia Vidal, el "Plan B PRO", debería postergar muchas de las obras adicionales que había prometido para el Conurbano, con los jefes comunales opositores como principales víctimas de esa tijera.