En medio de la crisis económica y política del Gobierno de
Mauricio Macri, el conflicto por las dificultades financieras que sufren las universidades nacionales parece que le traerá también al Ejecutivo un problema legal con un municipio. Es que
el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, emitió un decreto para ponerle un freno a la decisión de Cambiemos de quitarle una parte del campus de la UNSAM para cedérselo a la empresa Nuevo Central Argentino, del exsenador sojero Roberto Urquía.
Mediante el Decreto N°1560/18, Katopodis rechazó lo que consideró una
"decisión inconsulta" del Gobierno de sacarle a la casa de altos estudios del distrito una parte de su campus, noticia que se conoció a través de una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El decreto del municipio le advierte a la AABE, que actuó bajo órdenes del ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich, la
imposibilidad de usar esos terrenos para otros fines que no sean "de carácter educativo o cultural". De acuerdo al artículo 70 de la Ley provincial 8.912,
"la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como instrumento sectorial".
Por otra parte, en San Martín aseguran tener una ordenanza del año pasado que destina esos terrenos para fin educativo. Es la Nº 12185, publicada el 22 de noviembre de 2017, según la cual mientras desarrolle sus actividades la UNSAM, ese predio será con fines educativos.
"En caso de que se transfiera el dominio total o parcial a otras entidades públicas o privadas, la zonificación del terreno deberá ser ratificada o modificada mediante Ordenanza", indica en su tercer artículo.
Aunque el conflicto estalló la semana pasada, la raíz es anterior y está relacionada con la reubicación de la Playa de Cargas Estación Colegiales, ubicada en ese barrio de la Capital, donde el gobierno porteño quiere construir edificios de hasta 9 pisos.
El predio era explotado por la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), que se le atribuye a su vicepresidente, Urquía, uno de los hermanos dueños de Aceitera General Deheza, que en el ejercicio 2016/17 facturó USD2.800 millones. La idea del gobierno nacional es reubicar a la compañía en parte del campus de la UNSAM.
En efecto, el Ministerio de Transporte de Dietrich se presentó ante la AABE y solicitó que una porción del inmueble que el entonces Ministerio del Interior le había asignado a la UNSAM sea reasignado a la empresa NCA para relocalizar las actividades que realizaba en el playón de Colegiales.
Es decir, el gobierno nacional soluciona un problema del gobierno porteño con un privado, quitándole terrenos a una universidad pública. ¿El argumento? Que el Decreto 2.670/15 habilita la desafectación de bienes del Estado que estén subutilizados.
El 8 de mayo, la UNSAM envió un informe a la AABE en el que detalló que en la zona de conflicto funciona el Centro de Desarrollo Tecnológico e Incubación de Empresas de la universidad y que además está proyectada la construcción de la sede Miguelete de la Escuela Secundaria Técnica, el Centro de Prototipado Integral de Viviendas Económicas y Sustentables, y el Laboratorio de Ciencia y Nanosistemas, entre otros. Pero al organismo nacional el alegato no le bastó y sostuvo que con los datos de la casa de estudios "no se logra desvirtuar el informe que determina la subocupación de dicho sector".
"Le pedimos al Presidente que en vez de quitarle terrenos a un establecimiento que aporta al futuro de los argentinos, en lugar de recortar presupuestos a las universidades y priorizar negocios inmobiliarios en Capital Federal, defienda la educación pública", advirtió además Katopodis.
