27.09.2018 / Judiciales

A pedido del Gobierno, la justicia intervino OCA y le dio un duro golpe a los Moyano

El juez en lo comercial Pablo Tejada decidió sacarle la empresa y desplazar a las autoridades de la firma de correo privada a pedido de la AFIP, que le reclama deudas millonarias a la compañía que conduce Patricio Farcuh y que está fuertemente ligada a Hugo Moyano, dado que corren riesgo 7 mil empleados que mayoritariamente están afiliados al gremio camionero.



Mientras revive el conflicto entra el sector y el gremio Camionero por la solicitud de reapertura de paritarias ante la imparable inflación, el Gobierno consiguió un fuerte favor de la justicia contra la familia Moyano: la Justicia en lo Comercial ordenó la intervención y el desplazamiento de las autoridades del correo privado OCA a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que le reclama deudas millonarias a la empresa que conduce Patricio Farcuh y que está fuertemente ligada a Hugo y Pablo Moyano, debido a que corren riesgo los puestos de alrededor de 7 mil trabajadores de esa firma cuya mayoría está afiliada al gremio que conducen los líderes sindicales.

La decisión fue tomada por el juez en lo comercial Pablo Tejada, que hizo lugar a lo que exigió el organismo que conduce Leandro Cuccioli y dispuso la intervención judicial de OCA S.A. y desplazó a sus autoridades. El magistrado basó su fallo en que la firma ocultó bienes, omitió informaciones, incurrió en falsedad y realizó actos en perjuicio evidente de los acreedores, según la versión oficial.

Se trata de un golpe muy fuerte para la conducción de Farcuh y también para los Moyano. Ambos estuvieron ligados durante años, pero hace mucho tiempo entraron en un fuerte conflicto por la conducción del correo y la continuidad de los puestos de trabajo. 

En el medio, diversas versiones apuntaron que el Gobierno presionó muy fuerte para lograr tomar el control de la empresa utilizando la millonaria deuda, como la que tienen firmas como MercadoLibre, que mantiene con la AFIP. Allí la sombra recae sobre una histórica enemiga del camionero, "Lilita" Carrió, y un exfuncionario fuertemente bancado por la líder de la CC, Mario Quintana.

Quedarse con OCA fue un objetivo en el que habría trabajado Quintana, aunque esa jugada osciló de acuerdo al termómetro de la relación de Macri y Moyano. Con el camionero totalmente enfrentado al Gobierno, las versiones indican que la Justicia concretó la intervención.



El riesgo que subyace a la embestida político judicial oficialista es el futuro de los alrededor de 7 mil empleados que dependen directa o indirectamente de OCA, mucho de los cuales son afiliados a Camioneros. Moyano, que sostiene que esa es la razón de su interés por el correo y no los supuestos negocios cruzados que esgrimen desde el oficialismo, amenaza con parar todas las actividades que controla si hay despidos en la firma de correos.

OCA le debe a la AFIP una importante suma de dinero tanto por su deuda concursal como por la posconcursal. A días del vencimiento del plazo para regularizar su deuda, la situación fiscal de la compañía no ha cambiado. Su titular, Patricio Farcuh, está actualmente procesado por el delito de retención indebida de tributos previsionales e impositivos, y embargado por unos $ 400 millones.