En el marco de una reunión de menos de una hora que estaba pautada desde hace más de una semana en ocasión de los días previos a la Navidad,
el presidente Mauricio Macri recibió a las máximas autoridades de la Iglesia argentina no sólo en medio de un grave momento económico y social del país, sino que también en uno de los peores momentos de la relación entre el líder PRO y el Papa Francisco.
La comisión ejecutiva de la
Conferencia Episcopal Argentina, con su titular, monseñor Oscar Ojea, el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli y los obispos Marcelo Colombo y Carlos Malfa, se mostraron preocupados y
le reclamaron a Macri principalmente por la escalada en la pobreza y la indigencia, pero también le pegaron fuerte por la desnutrición infantil, la caída del poder adquisitivo y el consumo de los argentinos, el aumento del desempleo y el avance de la droga en los barrios más humildes.
El mandatario, sin ningún dato que sustente una negación de las graves estadísticas que exhibe el Gobierno, le respondió que la crisis, lejos de frenarse, va a seguir:
“Todavía tenemos meses duros por delante. Estamos en el territorio y sabemos lo que pasa, no ignoramos los problemas”.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo insistió en que "está dando los pasos necesarios en el plano social" y "coincidieron en seguir trabajando en temáticas de interés como la lucha contra las adicciones y la drogadependencia".
Los obispos emitieron un comunicado en el que a Macri le transmitieron su preocupación por el aumento del índice de pobreza, reflejado en la última medición del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA que arrojó un 33,6% de pobreza, una baja del consumo, el aumento del desempleo y el aumento de la desnutrición infantil.
Sin embargo no fue el único problema que le enrostraron, ya que el aumento creciente de la droga-dependencia y de un modo más preocupante en los barrios marginales hizo que reclamaran un incremento del presupuesto para la SEDRONAR, ya que "no sólo es importante combatir la oferta de droga, sino también atender a la demanda".
En un mensaje difundido días atrás, los obispos recibieron de parte de dirigentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales y cooperativistas, un documento crítico hacia el modelo económico, que detalla la "grave" situación social del país bajo el título "Una Patria fundada en la solidaridad y el trabajo".
La reunión, de modales amables pero tensa en cuanto al contenido crítico que llevaron los obispos,
se produce en medio de que las relaciones entre la Casa Rosada y la Iglesia atraviesan su mejor momento. Desde el Gobierno, persiste el enojo tras la misa en Luján que lideró monseñor Agustín Radrizzani con los gremios opositores encabezados, con
Hugo y Pablo Moyano.
Tampoco hay que olvidar que la Conferencia Episcopal viene pegándole duro hasta a
María Eugenia Vidal, que se desvive por tirarle gestos a la Iglesia. En las últimas semanas, la iglesia bonaerense le pegó a la gobernadora por la masacre en la comisaría de Esteban Echeverría y por la habilitación al juego online y ampliación del horario de venta de bebidas alcohólicas.
Sin embargo,
el eje central del mal momento es por la crítica mirada que Francisco tiene para con el gobierno de Macri. Dos hechos concretos procedentes del Vaticano lo demuestrna: uno de ellos fue la
señal que dio el Sumo Pontífice a un grupo de juristas que le llevó un informe sobre el "uso selectivo de la Justicia" para inhabilitar líderes políticos en América del Sur, que se leyó como un
gesto de apoyo del Papa hacia expresidentes como Lula Da Silva, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y Rafael Correa.
El otro gesto que llegó de la Santa Sede fue el reciente mensaje de Francisco al afirmar que
"todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado". Se trata de un
tiro directo al protocolo policial de gatillo fácil impuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.