Era la tarde de un jueves muy cerca del Congreso, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, una enorme fila de gente se extendía a lo largo de varios metros. No esperaban el transporte público, tampoco hacían fila para ingresar a un espectáculo. Esperaban un plato de comida caliente que una organización social estaba por repartir.
En tiempos de globalización y adelantos tecnológicos, Argentina vive una “crisis alimentaria” alarmante. Según los últimos datos del INDEC, la pobreza alcanzó un 32%, lo cual implica 6,3 puntos porcentuales más que el mismo periodo del 2017. La indigencia, pasó de un 4,8% en el segundo semestre de 2017 a un 6.7% en el mismo periodo de 2018. Se estima que al finalizar el año la pobreza alcanzará el 38% y la indigencia el 10%.
La canasta básica aumentó un 2,5% durante Julio y llegó a $ 31.934,44 el costo para una familia tipo (4 personas), constituyendo el umbral último para no caer en la pobreza y $12.773,78 la puerta de entrada a la indigencia. Respecto a la inflación, se estima que en el mes de agosto superará el 4% con una fuerte suba de los productos de esta canasta básica, lo cual agravará la situación alimentaria y nutricional de los argentinos y argentinas.
Cada vez son más niños y niñas asisten a los comedores comunitarios o se quedan a comer en las escuelas. Los antiguos merenderos ahora se transformaron en comedores y los comedores se ven obligados a entregar viandas extras porque no dan abasto por el incremento de la demanda. Los niños y niñas, que siempre colmaron estos lugares de contención, ahora vienen con sus padres, madres y abuelos. El hambre en Argentina no entiende de cuestiones generacionales.
La situación es alarmante. Las partidas gubernamentales no alcanzan a cubrir las necesidades y las decisiones político-económicas que ha tomado el Gobierno de Mauricio Macri han hecho que el slogan “Pobreza Cero” pase de una promesa incumplida a la prueba cabal de una estafa política para el pueblo que en ese entonces confió en la palabra de Cambiemos.
El hambre no espera, es urgente poner en marcha políticas que permitan el acceso universal a los alimentos para los que más necesitan. Es por ello que, ante la inacción del Poder Ejecutivo, la declaración de la emergencia alimentaria, que ha sido reclamada por gobiernos provinciales, municipales, partidos políticos, la C.G.T, las centrales sindicales, la Iglesia, los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, será finalmente tratada en sesión extraordinaria en el Congreso Nacional a través de un proyecto unificado de la oposición.
La sanción de la “Emergencia” permitirá reordenar partidas presupuestarias y orientar la inversión pública al fortalecimiento de los comedores y los merenderos en un proyecto consensuado que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022, la emergencia alimentaria nacional, dispuesta por Duhalde a través del decreto del PE 108/2002.
La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” del 50% de las partidas presupuestarias vigentes de las políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. También faculta al Jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente estos montos, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria del INDEC.
A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”, para lo que se establece que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a “Servicios Sociales””.
En consonancia con la emergencia se espera debatir en el recinto, los proyectos de creación del Fondo Federal de Emergencia Alimentaria y Nutricional que propone coordinar las estrategias públicas de corto, mediano y largo plazo para dar respuesta a los problemas de hambre de la población y el de crear un registro nacional de comedores, merenderos y ollas populares en todo el país.
Entendiendo a la “Emergencia Alimentaria” como una situación crítica que debe ser atendida con rapidez, es preciso también que el Congreso Nacional discuta una política que refuerce el derecho humano a alimentarse, ya que el acceso a la alimentación guarda una estrecha relación con el modelo país que deseamos. La crisis alimentaria actual es una clara marca de la pérdida de la soberanía alimentaria de nuestro país, que debe ser recuperada a través de políticas orientadas al refuerzo de la agricultura familiar, las economías populares y los acuerdos de precios, entre otras cosas.
Es claro que el Gobierno de Macri no tiene la prioridad puesta en las políticas sociales, ya que no solo desfinanció los programas que permitían promover los derechos de población más vulnerable, sino que naturalizó la apertura de comedores y merenderos como algo positivo, cuando en realidad es la demostración más cabal de un fracaso.
Nos enfrentamos a una situación que debe ser atendida, y una prioridad para el próximo Gobierno de generar las condiciones necesarias para el ascenso social, sobre todo de quienes están en el subsuelo. La política social debe dejar de ser simple asistencialismo y consolidar un proceso de crecimiento con desarrollo, con equidad, con inclusión, con desarrollo local, con compromiso de las instituciones y más participación de la ciudadanía.
Tenemos la obligación de generar un escenario donde cada argentino tenga igualdad de oportunidades, de crecimiento y de desarrollo, es responsabilidad de todos comenzar a construir una Argentina socialmente justa. Pero sobre todas las cosas es una decisión política poner como prioridad la situación social argentina.
Valeria Ayala, Centro de Formación y Pensamiento Génera
