A pesar de que el 100% de los inversores que tienen en el país unos USD 5.000 millones en bonos con ley Nueva York habrían aceptado la oferta del Gobierno para la reestructuración de la deuda, la mayoría de los acreedores extranjeros, con Blackrock a la cabeza, siguen intransigentes por lo que Alberto Fernández y Martín Guzmán definen si extienden la negociación que en principio vence el 4 de agosto.
Es que luego de que
la mayoría de los bonistas con papeles de deuda emitidos en dólares y bajo ley extranjera rechazaran nuevamente la oferta de reestructuración del Ministerio de Economía, incluso con duras críticas hacia Blackrock, de Larry Fink, por parte del poderoso The New York Times,
el Gobierno define si extenderá el plazo para la negociación hasta el 28 de agosto, aunque la realidad es que esa fue siempre la fecha definitiva pero por cuestiones legales debieron acortar ese plazo al 4 del mismo mes.
Esta situación se conoce estos días, luego de que trascendiera un hecho que aporta una arista importante al proceso de negociación.
Es así: por un lado están los inversores locales, aquellos que tienen en el país más de USD 5.000 millones en bonos con legislación Nueva York, y el 100 % habría aceptado la oferta del Gobierno para realizar un canje en el marco de la reestructuración de la deuda; pero por otro están los tenedores extranjeros de bonos de deuda emitidos en dólares y bajo ley extranjera por unos USD 60.0000 millones, de los cuales solo alrededor del 25% se presentaron al canje.
Como publicó Ámbito Financiero, si se suman los bonos locales y los extranjeros, la aceptación total estaría rondado el 35%, por lo que el número es insuficiente para conseguir la reestructuración. Ese porcentaje cercano a los dos tercios de respuestas negativas es el que está evaluando el ministro de Economía,
Martín Guzmán, para definir si se extiende el plazo de negociación con estos acreedores privados.
La fecha límite, del 28 de agosto, siempre fue la fecha definitiva, pero que por cuestiones legales debieron acortar ese plazo al 4 de agosto. Ahora, con muchos de los acuerdos sin cerrar, los negociadores del Gobierno estimaban que sería necesaria una última ronda de conversaciones. A eso se agregaba otro detalle relevante: en el mensaje del ministro Guzmán a los acreedores, se sostuvo que la oferta registrada era la última, que no iba a tenerse otra enmienda, por ende la apuesta del Gobierno es llegar al 4 de septiembre con los nuevos títulos registrados en la SEC, y para eso el 28-A es el límite.
Sin embargo,
en este punto es que se comprende la complejidad de la situación de deuda y fechas límite incumplibles que dejó la irresponsabilidad del gobierno de Mauricio Macri: además de la dura batalla con los grandes fondos extranjeros, con Blackrock en la conducción, el esquema incluye al ahora amigable FMI y también a los pagos al Club de París.
En medio de la charla con el Atlantic Council de los últimos días, Guzmán pareció decidido a presionar a los bonistas con la idea de que Argentina debe sentarse pronto con el FMI, pero lo cierto es que esa negociación depende más del Fondo que de la determinación del Palacio de Hacienda.
El FMI sabe que eso es táctica, pero también que es preferible, primero, dejar que la negociación con los bonistas llegue a algún puerto, sea esto un acuerdo parcial o total con los acreedores. El organismo que conduce Kristalina Georgieva conoce también que la fecha límite que tiene para negociar es en enero próximo, ya que la Argentina necesita tener el nuevo acuerdo con el Fondo cerrado antes que venza el pago con el Club de París a fines de mayo de 2021.
