05.08.2020 / Escandaloso

La fiscal del caso Correo ratificó la persecución de Casal y denunció que Tonelli tenía una infiltrada en su oficina

Gabriela Boquín, la responsable del freno de la autocondonación de Macri, confirmó la persecución por parte del procurador interino que dejó el último gobierno ante la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. Además, expuso que una empleada judicial pasaba información sobre la causa Correo, que involucra al ex presidente, al representante de JxC en el Consejo de la Magistratura.




El escándalo del Correo Argentino y los expedientes comercial, penal y contenciosos administrativos del caso se tomaron un tiempo de pausa gracias a la pandemia, pero finalmente hay avances que complican principalmente a Mauricio Macri y a su espacio político, Juntos por el Cambio. Es que la fiscal general Gabriela Boquín, la responsable de impulsar el freno al intento de autocondonación de hasta $70 mil millones que ensayó el ex presidente por la deuda de la empresa con el Estado, ratificó en el Congreso de la Nación la persecución que sufre por parte del procurador interino que justamente dejó el último gobierno Casal y, además, denunció que una empleada judicial filtraba información sobre la causa al macrismo.

Boquín denunció ante la comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público del Congreso que una empleada judicial filtraba información sensible sobre la causa del Correo Argentino que involucraba a la familia del ex presidente Macri a miembros de Juntos por el Cambio, y, por si esto fuera poco, particularmente al representante de esa alianza política en el Consejo de la Magistratura.

En un informe en el que ratificó denuncias de persecución por la que responsabilizó al Procurador interino Eduardo Casal y respondió acusaciones por maltrato laboral, la funcionaria judicial afirmó que una de sus empleadas "le daba información de la causa del Correo al diputado Pablo Tonelli", del PRO.



La empleada en cuestión "le iba comunicando los pasos con la propia vinculación del doctor Tonelli en la causa", sostuvo la fiscal en una videoconferencia antes legisladores en lo que calificó a esa situación como "insostenible". 

“De una de las testigos, el pedido lo pedí yo, por falta de confianza. ¿Y por qué por falta de confianza? Porque descubrí que en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino le entregaba documentación al diputado Pablo Tonelli. Y esa documentación que le pasaba, y que además le iba comunicando los pasos del expediente, estaba relacionada con al propia vinculación del diputado Pablo Tonelli en la causa”, reveló.

La funcionaria recordó que cuando ella denunció “el vaciamiento estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino”.

Dijo que en ese momento le solicitó a Casal que “necesitaba que la transfiriera”, que “la mandaran a su lugar de origen y para que no hubiera un problema en su legajo, simplemente solicitaba el paso”. “Tardaron nueve meses en trasladarla. Siempre me delegaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos porque la situación era insostenible”, precisó.

“Era insostenible porque (esta secretaria) tenía una comunicación asidua con el diputado Tonelli, porque aparte estaba concursando para ser camarista”, continuó.

El caso de Tonelli reviste particular importancia, no sólo porque se desempeña en el organismo que evalúa, controla y hasta juzga a los jueces, sino que además es parte de la denuncia de vaciamiento en el Correo, ya que se comprobó que el estudio de abogados Tonelli cobró unos $4,5 millones en concepto de honorarios profesionales por parte de la ex concesionaria del servicio postal entre 2004 y 2007.

Además, contó el caso de un segundo trabajador a su cargo, el secretario Gonzalo Rodríguez, que fue "coaccionado" para declarar en su contra. "Él dice en su declarción manipulada que yo no lo dejaba crecer. Escribimos un libro juntos y es el director de la revista que yo dirijo. Esta es nuestra relación, está en el expediente".

También agregó que ella había pedido el traslado de Rodríguez a pedido suyo, porque el secretario estaba por ser padre en Mar del Plata y que el procurador Eduardo Casal negó ese traslado. "Entonces, yo le pedí (a Rodríguez) que vaya él mismo a la procuración y volvió demudado y me dijo 'para darme el traslado me piden que la denuncie'".

La fiscal responde preguntas de senadores de la oposición en una audiencia en la que se discuten pedidos de juicio político al Procurador Casal sindicado por el Frente de Todos por mal desempeño en relación a una supuesta imparcialidad en causas que involucran al macrismo.

Boguín señaló que no se le permitió el derecho a defensa en las denuncias de empleadas a su cargo y responsabilizó por esa situación al procurador Casal.

En respuesta a las afirmaciones del diputado Cristian Ritondo (Pro) -mediante una nota que se leyó en el comienzo-, aseguró que “no fueron ocho agentes que describieron una situación de maltrato laboral”.

“Hay dos presentaciones originales, que la Procuración toma como denuncia, y luego hay seis declaraciones, de las cuales solo cuatro alegan maltrato laboral”, señaló.

La fiscal indicó que el Consejo Evaluador se expidió dos veces, y la primera vez “dijo que yo aporté las pruebas que respaldaban mis dichos que, por supuesto, eran negando” las acusaciones, remarcó. En ese sentido, sostuvo que se pidieron declaraciones de otros empleados “a los fines de no dejar dudas”.

“Por mi Fiscalía pasaron 34 personas”, apuntó y enfatizó que “no es cierto que numerosas personas pidieron traslados”. “Las que lo pidieron fue una de la denunciantes y una de las testigos que no denunció, es más, negó el hostigamiento”, agregó.

La fiscal amplió esta tarde sobre las supuestas presiones que recibió desde que se opuso, en el marco del concurso del Correo Argentino, a la suscripción de un acuerdo entre la firma y el gobierno de Macri, tras denunciar que se trataba de un intento de beneficiar a la empresa vinculada a la familia del expresidente en detrimento de los intereses del Estado.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fue convocada para que se exprese sobre las denuncias que fue realizando desde que advirtió que el Gobierno de Cambiemos planeaba perdonarle una millonaria deuda a la empresa que fue del Grupo Macri.