Previo a mantener la reunión con
Alberto Fernández el viernes, el jefe de gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, presentó ante la
Corte Suprema un pedido para que dicte una medida cautelar que deje sin efecto la suspensión de clases presenciales y para que declare inconstitucional el DNU del Poder Ejecutivo que la dispuso. El tribunal le pidió a la Procuración que opine si es competente y, aunque no le puso plazo para responder, la respuesta llegó en tiempo récord: El organismo interinamente a cargo de
Eduardo Casal –herencia del macrismo- dictaminó que la Corte es competente.
LA "SALA AMARILLA"
En espera de la solución de la Corte Suprema, se presentaron cinco recursos de amparo de privados (organizaciones NO gubernamentales) en pos de dar lugar al pedido de Horacio Rodríguez Larreta para incumplir un DNU del presidente, dos de ellos prosperaron y avanzaron a la cámara de apelaciones que dio lugar a que el Gobierno Porteño pueda incumplir las medidas preventivas contra el coronavirus planteadas por la Presidencia.
Entre los tres jueces a cargo de estos se encontraron un ex funcionario de la administración del ex presidente Fernando De La Rúa imputado junto a Hernán Lombardi en una causa por corrupción,
Marcelo López Alfonsín, y la hermana del ministro de Ambiente de la Ciudad Eduado Macchiavelli,
Nieves Macchiavelli.
SPOILER ALERT - FINAL ESPERADO
Como los finales más esperados de las series en tendencia, podríamos decir que el fallo favorable para el objetivo del Jefe de Gobierno Porteño ya había sido “spoileado” al caer en la Cámara de Apelaciones conocida como “
la sala amarilla”.
Esto agregado al precedente en que la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad,
Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de las mencionadas dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas este lunes pese al decreto del Gobierno Nacional que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital. Muy esperable si observamos la actividad de la fiscal en su red social, Twitter.
Estos amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas. Ambas organizaciones interpusieron los amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas.
MEDIDAS NECESARIAS
Recordemos que la intención del Gobierno Nacional de suspender la presencialidad en las escuelas es una medida tomada en muchos países y pensada solo temporalmente, al menos durante 15 días, para frenar el aumento exponencial de casos positivos de covid-19 que, entre otras cosas, viene en ascenso por la movilidad en el transporte público y en las calles (dos factores que se complejizan de la mano de la presencialidad escolar).
Sobre el DNU que plantea las medidas de control y cuidado ante el brote pandémico de covid-19 el gobierno porteño dice que esa
“es una decisión arbitraria”, que
“viola su autonomía” y el
“principio de igualdad”.
