El abogado Andrés Gil Domínguez diálogo con Política Argentina sobre el fallo de la Corte Suprema relativo al DNU 241/2021 relativo a las medidas restrictivas para evitar la propagación de la segunda ola de coronavirus. Entre los puntos establecidos se destacó el hecho de la no presencialidad en las escuelas del AMBA. Algo que el Ejecutivo porteño decidió no acatar y por tales razones su reclamo llegó al máximo tribunal argentino.
Para el abogado constitucionalista y parte del equipo de expertos consultados por Casa Rosada,
“fue un fallo de carácter indicativo que establece pautas generales”.
“En algunos puntos también es un guiño al Gobierno porque no considerar que los DNU sean un instrumento para regular la pandemia y establece ciertos parámetros que ya han sido cumplidos con el actual DNU. Estos parámetros van a servir para hacer una ley marco”, indicó.
El letrado estableció una
serie de puntos que tienen que ver con el hecho de que CABA comparte el mismo escalón de la estructura federal, que la regulación de la salud es competencia del Estado federal, las provincias y CABA, que el Estado federal puede establecer medidas de alcance general con el objeto de proteger al pueblo y que dichas medidas en momentos específicos pueden ser justificadas con parámetros razonables, y que las provincias y CABA tienen facultades propias contextuales para tomar decisiones ante el Estado federal.
Además, según Gil Domínguez, las regulaciones aún en tiempos de pandemia están regidas por los principios de proporcionalidad y el juicio de ponderación, que la intromisión en CABA y provincias no solo no viola su autonomía sino que exime a sus gobernantes de las decisiones tomadas, que la Justicia no posee los instrumentos necesarios para evaluar la situación sanitaria, y que el derecho a la educación en tiempos de COVID tiene una regulación concurrente razonable en la Ley 26.206 y en la Resolución 387/21 del Consejo Federal de Educación.
Para Gil Domínguez,
“indudablemente es un fallo que no deja conforme al Gobierno pero es un error del Gobierno darle tanto precio a esto porque no es tan grave en términos jurídicos, después en términos políticos cada uno puede hacer la lectura que quiera”.
En términos jurídicos, según indicó, lo único que hace la medida judicial es reafirmar lo que venía diciendo la jurisprudencia. Es decir, la Corte dice que en la Ciudad es parte del orden constitucional federado, que está a la par de las provincias y con facultades propias y concurrentes.
“No dice que el Gobierno federal no puede seguir dictando normas. Por lo tanto, desde este punto de vista, jurídicamente no es tan potente como políticamente”, enfatizó.
Consideró que políticamente Rodríguez Larreta “le bajó el precio al fallo porque se calló la boca y se mantuvieron tranquilos y el Gobierno salió a romper con discursos como la crítica del supuesto poder judicial y que no es un poder democrático, es una discusión desde el punto de vista de la filosofía moral y la teoría dogmatica, es una discusión vieja”.
Por último, consultado sobre los reclamos de jefes comunales del Conurbano, como
Jorge Macri, que insisten en la necesidad de reapertura de las clases presenciales,
Gil Domínguez remarcó que
“la Corte habla sobre las facultades propias y concurrentes del Estado federal y de las provincias”.
“Las restricciones a las cuales adhieren las provincias deben ser cumplidas por los intendentes”, subrayó con contundencia, lo cual acabaría con la expectativa de Macri y otros jefes comunales de Juntos por el Cambio de intentar seguir los pasos de CABA.
