Alejandra Gils Carbó, exprocuradora general de la Nación desplazada durante el macrismo, se presentó ante el fiscal Franco Picardi, que la había citado como testigo en la causa donde se investiga a la llamada "mesa judicial" del macrismo. Esto surge por la declaración del fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia que expuso como articuló todo el operador judicial y hoy prófugo de la Justicia, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.
En aquel momento Pepín le planteó que, si ella no renunciaba, iría presa al igual que sus hijas. Tres días después, Gils Carbó renunció.
La frase de Rodríguez Simón fue "el tiro de gracia" del proceso de presiones, explicó. La audiencia estaba convocada para las 11 por Zoom.
Paralelamente el juez Julián Ercolini acababa de elevar a juicio oral la causa que considera uno de los emblemas de la ofensiva en su contra, donde la acusa de una defraudación por la compra del edificio donde funciona la Procuración General.
De toda la artillería de demandas y artilugios para arrinconarla, fue lo único que quedó en pie estosaños. Gils Carbó supone que fue para "silenciarla".
El fiscal Picardi investiga un abanico de hechos atribuidos a exfuncionarios del macrismo, desde el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el exjefe de asesores presidenciales José Torello, el exjefe de la AFI Gustavo Arribas, el exministro de Justicia, Germán Garavano, hasta los propios Rodríguez Simón y Macri.
En la causa hay documentos y testimonios sobre presiones a un grupo de jueces laborales y otros como la camarista de Casación Ana María Figueroa y la jueza federal de San Martín Martina Forns, que dictaban fallos que no eran del agrado del gobierno de Macri.
La situación de Gils Carbó se sumó el mes pasado y ella ahora incluso evalúa la posibilidad de ser querellante para impulsar la investigación. Tras su declaración, Picardi ordenó nuevas medidas.
En la audiencia, el abogado de Rodríguez Simón le preguntó por qué no había denunciado la amenaza que le relató De Vedia, sobre su posible detención y la de sus hijas.
Gils Carbó respondió: "Lo mismo les preguntaban a las víctimas de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, sobre por qué no denunciaban a los represores. Yo también tenía un aparato estatal organizado para ejercer violencia sobre mí".
La exprocuradora hizo un repaso de una hora y media sobre su gestión y los mecanismos del macrismo para sacarla de su cargo.
La estrategia judicial, explicó, fue la que se enfocó en causas judiciales en contra suyo y de sus hijas: entre esas causas, destacó la del edificio y a una causa que apuntaba a sus hijas, por las publicaciones de un portal noticias judiciales que manejaban, que estuvo a cargo del fallecido Claudio Bonadio, con impulso del fiscal Eduardo Taiano, y que incluyó tareas de inteligencia sobre las jóvenes. La estrategia institucional apuntó a promover reformas que habilitaran algún mecanismo para echarla que fuera más sencillo que el juicio político.
La secuencia que repasa comienza desde antes que Macri asumiera la Presidencia. Le mostró al fiscal algunas publicaciones con declaraciones.
Una del propio expresidente, del 3 de diciembre de 2015, que decía: "Encárguense, no la quiero en mi gobierno". Otra del diputado y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli: "La presencia de Gils Carbó como procuradora es incompatible con una presidencia de Cambiemos, en particular de Mauricio Macri, si ella no acepta renunciar, haremos lo posible por removerla".
Los ataques con denuncias judiciales, a su entender
, se deben a que era "una funcionaria de carrera y no iba a ser fácil sacarme". Enfatizó que la causa por el edificio empezó con un anónimo "que pretendía decir que yo había hecho un negocio con mi ex marido" pero luego "cambiaron la hipótesis delictiva para decir que direccioné la licitación porque quería un despacho señorial, otro ataque misógino infundado".
También precisó que la causa contra sus hijas, donde a ella la señalaban como instigadora, ganó actividad durante el gobierno de Macri y Bonadio la cerró después de su renuncia.
El año crítico fue 2017 y el mes clave, octubre.
La exjefa de los fiscales enumeró ante Picardi: el 12 de ese mes Ercolini la procesó por administración fraudulenta por la compra del inmueble; el 13 de octubre Ricardo Roa publicó en Clarín el número de teléfono de una de sus hijas, quien comenzó a recibir todo tipo de insultos; el 20 de octubre, el juez contencioso administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional el régimen de remoción del procurador por juicio político para habilitar que la pudieran remover por otro mecanismo como un decreto.
"Macri no me quería porque yo, como fiscal, le había frustrado su intento de crear una Inspección de Justicia (IGJ) paralela en la Ciudad de Buenos Aires. Yo era una fiscal especializada en fraudes económicos, en particular los realizados con sociedades offshore", declaró según consigna Irina Hauser en su nota de Página12.
"Pero además, con el escándalo de los Panamá Papers, surgió que él era titular de sociedades de este tipo", destacó. Por eso sostuvo que está convencida de que se ejerció sobre ella "violencia privada estatizada".
