28.12.2021 / Economía y justicia
AFIP anuló una medida de la gestión Cambiemos que limitaba la prevención de lavado de activos
La AFIP repuso la posibilidad de que bancos y otros sujetos obligados de informar conductas sospechosas ante la UIF exijan DDJJ impositivas. Esto había sido bloqueado por el gobierno de Mauricio Macri con la excusa del blanqueo 2016, al que se acogió parte de su familia.
Una decisión tomada hoy por el gobierno de Alberto Fernández puede leerse desde dos miradas, dos caras de una misma moneda: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó sin efecto una resolución que profundizaba el secreto fiscal y limitaba la prevención del lavado de activos o, desde el otro lado, rehabilitó la posibilidad de que bancos y entidades financieras puedan pedirle a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos presentadas ante el organismo recaudador.
Esta decisión de la AFIP que encabeza Mercedes Marcó del Pont significa que todos los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF), universo principalmente constituido por bancos, podrán exigirle a sus clientes declaraciones juradas impositivas.
Lo que hace este tipo de medidas es reforzar el esquema de prevención de lavado de activos, optimizando las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos, cosa que había quedado dañada y limitada desde 2016.
En 2016, la gestión de Macri, de la mano de la ley de blanqueo de capital (que adentro también metió la "reparación histórica") hizo que el organismo recaudador dictara una normativa que buscaba incentivar la repatriación de capitales haciendo que los sujetos obligados ante la UIF se "abstengan de pedir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales”. Es decir, "relajaba" los controles del Estado argentino para que sea más fácil ocultar el origen del dinero "repatriado".
La normativa alcanzaba a todas las entidades que están obligadas a emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). Entre ellas se encontraban operadores de tarjetas de crédito, escribanos públicos, agentes y sociedades de bolsa, registros públicos de propiedad e inmueble y quienes se dedicaban a la compraventa de vehículos.
Entre los considerandos de la Resolución de la AFIP publicada hoy en el Boletín Oficial se recuerda que “el secreto fiscal es un derecho que se le acuerda al contribuyente o responsable y, como tal, es en principio renunciable y no se le puede impedir que haga uso de esa renuncia en defensa de sus propios derechos”. Y se agregó que en la Ley de Procedimiento Fiscal “quedó plasmada la posibilidad de que los contribuyentes y responsables compartan sus declaraciones juradas y documentación con terceros por su voluntad y en su propio beneficio”.
Lo que hace ahora la AFIP es reestablecer una herramienta de fiscalización que permite al Estado articular mecanismos de control para una mejor prevención de lavado de activos, aspecto que la Argentina tiene comprometido ante organismos internacionales.
Ahora las entidades financieras, empresas aseguradoras, firmas dedicadas al transporte de caudales, intermediarias registradas ante la CNV, entre otros, vuelven a estar habilitadas a pedir a sus clientes las declaraciones juradas impositivas, tal y como funcionaba antes de 2016.
Esta Resolución General, la 5125, surge del trabajo en conjunto entre la AFIP y la UIF, que “abroga” la resolución que impedía a los sujetos obligados ante la UIF a solicitar declaraciones juradas impositivas.
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