
Tal y como se esperaba,
el Gobierno nacional avanza de cara al 2022 con período de normalización con caracter progresivo de las tarifas de luz y gas: por un lado, convocó a audiencias públicas con las empresas en enero para aplicar en el primer trimestre, seguramente en marzo, una suba de entre 17 y 20 por ciento para ambos servicios; por otro, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía trabajan para durante el mismo año poner en marcha la pauta nacional de segmentación.
Así, el Poder Ejecutivo nacional parece haber encontrado una salida a sus propias discusiones internas en un tema de los más complejos en ese sentido.
Le dará fin al congelamiento que rige desde el 2020, salvo por el un único ajuste que hubo para la zona metropolitana, del 6 y 9% para gas y luz respectivamente.
La información que el Gobierno hizo trascender, entonces, arroja dos decisiones independientes: el aumento generalizado, que en enero el Gobierno propondrá que se aplique a partir de marzo por única vez en el año, y que entre el 17 y el 20 por ciento quedará muy por debajo de la inflación proyectada; por otro, la segmentación.
"El congelamiento del 2020 fue excepcional, por la actividad totalmente parada por la pandemia. Al año siguiente concedimos un aumento del 9% y el que viene se duplicará", aseguraron a distintos medios fuentes oficiales.
El camino se iniciará el 19 de enero, fecha en la cual se llamó a audiencia pública con las empresas del sector, mientras se avanza con la segmentación del costo del servicio para los hogares.
"Con el objetivo de recuperar el precio para la energía, los salarios y el capital y mantener activamente la normalización de la cadena de pagos, se presentará un pauta oficial de aumento de tarifas tanto para energía eléctrica como para el gas de entre 17 y 20 por ciento", explicó una fuente de la Secretaría de Energía a El Destape.
Y agregan que "la segmentación tarifaria se va a implementar a partir de marzo", dado que a "los subsidios se los come el AMBA" con "consumidores pagando el 30 por ciento de la tarifa real", hecho que, sostienen, justifica la decisión de "asistir solo a aquellos que lo necesitan".
Desde la Secretaría sostienen que la recuperación económica está llevando a una recomposición de la cadena de pagos de las distribuidoras. "Estamos finalizando con el objetivo de normalizar la cadena pagos y ahora hay que avanzar en el precio de la energía y la recomposición del capital de trabajo", explicaron, pero todavía quedan empresas para que se sumen a esa normalización, que el año pasado involucró una deuda contra Cammesa de 130.000 millones de pesos.
"Proyectamos para el 2022 continuar con la renegociación con las concesionarias que todavía adeudan, en el marco del artículo 87, con una realidad económica ascendente. Ya se logró que haya un pago corriente", agregan.
Esta pauta general será el preámbulo del programa de segmentación, en el cual están trabajando especialistas, docentes investigadores y el ENRE. Sostienen que el programa "se va a aplicar entre la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía".
Si bien los detalles metodológicos todavía están en definición, señalan que
cuánto subirá la energía entre quienes no estén alcanzados por la tarifa subsidiada de esa segmentación dependerá cómo se realice la quita de subsidios: si de forma total o parcial, y en qué secuencia.
Según afirma, y como ya especificaron funcionarios en on, el programa "contempla distintas etapas y usuarios". Pese a las complicaciones que involucra la ausencia de un presupuesto aprobado para el año entrante, estiman que el aumento de las tarifas generará "un ahorro de magnitud" de subsidios. También se sabe que la segmentación tienen en cuenta territorios geográficos a partir de la determinación del valor de la propiedad y la tierra.
En el caso de los sectores productivos y de servicios, se contemplará aquellas actividades que tengan un uso intensivo de la energía, como la financiera, el juego y loterías, el transporte ferroviario y organismos públicos, entre otros.