El juez Alejandro Catania comenzó a tomar declaraciones a los efectivos de las fuerzas de seguridad que estuvieron involucrados en el primer contingente desplegado en la Paz en los últimos meses de 2019 y primeros de 2020. Se trata de dos de los integrantes del “Grupo Alacrán” que viajaron con las armas que el gobierno de Macri entregó a los golpistas.
“Lo primero que vieron los gendarmes al subir al Hércules que los llevaría a Bolivia fue una gran pila de cajas blancas con el logo de Fabricaciones Militares”, así relata el artículo de Página/12 sobre la problemática en cuestión. Según se indicó, los gendarmes partieron el 12 de noviembre de 2019 hacia Bolivia. Cada uno viajaba con sus armas y con su bolso de ropa. En el Aeropuerto de El Palomar se subieron al Hércules C-130, luego de una larga espera.
Según el testimonio, al cual accedió Página/12, uno de los efectivos, Omar Sance, expresó: “Cuando ingresé al avión ya había una carga armada dentro del avión. Tuvimos una demora al subir y, al llegar, ya estaba esa carga”.
De acuerdo a la causa en cuestión, las municiones que se enviaron a Bolivia habían sido comprados por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Mauricio Macri. La compra se había desarrollado en el marco de de los preparativos para la cumbre del G20, que se celebró en Buenos Aires en diciembre de 2018.
El gobierno nacional luego decidió enviar esa carga al país trasandino. A tales efectos, se le pidió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que preste autorización sobre una “partida complementaria que fue la que nunca volvió”.
Los testimonios establecidos por los gendarmes ante la Justicia complican aún más a Mauricio Macri, a la propia Bullrich y al por entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad. En diálogo con El Destape, el ministro de Justicia del gobierno del Frente de Todos, Martín Soria, enfatizó: “Las declaraciones de los gendarmes a los que seguramente Macri, Bullrich y compañía pronto comenzaran a acusar también de ‘cuentapropistas’, confirman lo evidente, el contrabando de armamento para apoyar el golpe de estado en Bolivia, fue una decisión ordenada por las máximas autoridades del gobierno anterior”.
“Sólo una orden presidencial puede generar semejante coordinación en una maniobra ilegal que comprometió a la Gendarmería, la Fuerza Aérea, la Cancillería y varios Ministerios”, aseguró el actual funcionario nacional.
