La Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) tendrá una cita este próximo miércoles en la que recibiría un testimonio central para la historia de la "Gestapo" antisindical, aquella reunión filmada en la que funcionarios macristas, empresarios y espías organizaron una maniobra para espiar ilegalmente a dirgentes gremiales y armarles causas penales, en el sentido de que podría aportar información que llevara a los eventuales autores intelectuales de la operación: Mauricio Macri y/o María Eugenia Vidal.
Es que la CBI citó para dentro de poco más de 48 horas al anfitrión del encuentro que ministros de Vidal hablaron a cielo abierto de perseguir a sindicalistas:
convocaron al expresidente del Banco Provincia Juan Curutchet, a quien los testimonios de empleados recogidos hasta ahora aludieron a la hora de señalar quién ordenó enviar mails con reservas del salón y demás.
Lo que busca el organismo que preside el diputado del Frente de Todos
Leopoldo Moreau, como varios de sus integrantes ya blanquearon, es convocar a exfuncionarios de Cambiemos y ver si son capaces de contribuir a cerrar el círculo y conocer finalmente quién ordenó esa reunión.
El viernes, según publicó Página 12, la CBI le hizo saber a Curutchet que lo esperaba el miércoles próximo para declarar en la investigación que se abrió en diciembre pasado. Quieren saber
quién le pidió un salón del Bapro para hacer esa reunión, por qué se permitió que jerarcas de la AFI pongan cámaras y micrófonos, participen de la reunión y luego vuelvan a ir al lugar a retirar los equipamientos de espionajes. Hasta ahora, todos dicen desconocer todo. Sería raro que quién pidió reservar el salón también desconozca todo.
Curutchet no está obligado a concurrir y podría seguir la línea de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cabezas de la AFI macrista, que se acercaron al Congreso para entregar una nota en la que blanquearon que sólo hablarán si se los pide la Justicia. Hasta ahora, sólo van y dan explicaciones quienes fueron integrantes de los servicios de inteligencia.
Hasta acá, Curutchet no dio explicaciones por la reunión que se hizo en el Banco que presidía y en el que la AFI montó un circuito de cámaras para quedarse con un registro del encuentro. Sí habló su abogado, quien le dijo al periodista de Ámbito Financiero Mariano Martín que él no estaba al tanto de cómo se asignaban las salas de reuniones y que era común que el gobierno provincial hiciera uso de los espacios. Raro, la secretaria que envió los mails con pedido de reserva es su privada.
Según la información confirmada,
el salón SUM del Bapro de la calle San Martín al 137 estaba reservado para dos reuniones el 15 de junio de 2017. Pero un pedido de la Gobernación a través de la conducción del Bapro hizo que esas reservas se cayeran. Eso no es interpretación, sino dato que surgió en la investigación que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata.
La encargada de dar los detalles de cómo debía prepararse el lugar fue
Emilia Jaime, una asesora de la Presidencia del Bapro y señalada como una persona de confianza de Curutchet. Según surge de los mensajes que intercambió con un empleado de la entidad –
Guillermo Squillari–, dicha asesora cercana a quien ahora debería ir a la Bicameral recibió un pedido de
Soledad Borsani.
Borsani no era cualquier empleada pública, sino que era la coordinadora general de la Unidad Gobernador. Además, amiga de la infancia de la exgobernadora Vidal.
Fue Jaime quien invocó a Borsani, pero también otra empleada del Banco, Patricia Bencivengo, cuando intercambió mensajes con
Diego Dalmau Pereyra, el entonces director operacional de Contrainteligencia de la AFI que estuvo a cargo de instalar –junto con hombres de la Dirección de Operaciones Electrónicas– las cámaras con las que iban a registrar la reunión, y, además, participó de la reunión.
La reunión no sólo fue filmada, sino que quienes participaron de ella no se registraron al momento de entrar al Banco, como indican no sólo los usos y costumbres sino que además fácticamente sucedía con los integrantes de las reuniones que allí se hacían. De hecho, Jaime le dijo a su compañero de trabajo que se requería total reserva y discreción.
Habrá que ver qué le dice Curuchet a la CBI. Para los integrantes de la comisión, el expresidente del Bapro podría aportar información valiosa para terminar de entender quién armó la reunión. Las hipótesis son que fue iniciativa del gobierno de Vidal o estaban siguiendo las órdenes del gobierno de Macri.
La decisión de avanzar con la convocatoria de funcionarios macristas se tomó después del plenario del 19 de mayo pasado. Allí, se acordó que la CBI se centraría en lo que podría haber sido el huevo de la serpiente de la “Gestapo” antisindical: la reunión del 4 de mayo de 2017 en la Casa Rosada en la que Macri y su gabinete escucharon al entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, hablar del “Pata” Medina. Entre los asistentes a ese cónclave estuvo el entonces director general de la AFI, Gustavo Arribas. Después de esa reunión, Dalmau Pereyra mandó a los Súper Mario Bros a espiar al “Pata”.
La Bicameral ya convocó tanto a exagentes como al propio Arribas. Los exagentes confirmaron que espiaron a Medina e incluso hablaron de tareas de inteligencia ilegal en el Hospital Posadas o reconocieron seguimientos al juez Luis Carzoglio, el mismo que recibió la visita de dos jerarcas de la AFI para que detuviera a Hugo y Pablo Moyano. Dalmau Pereyra –que tenía un lugar clave en la estructura de la exSIDE– reconoció que las tareas en el Bapro se hicieron por pedido de las máximas autoridades de la AFI.
La Bicameral debe decidir si avanza en la producción de un nuevo informe sobre el espionaje durante el macrismo mientras su titular, Moreau, denunció que había una avanzada para poner en tela de juicio el trabajo hecho por el cuerpo legislativo. Días atrás, se conoció que el fiscal Carlos Stornelli pidió investigar a Moreau en una denuncia que presentó Florencia Arietto por haber pedido informes a la justicia de San Nicolás en una causa en la que están involucrados integrantes del gremio de Camioneros y en la que se sospecha que podrían haber intervenido agentes de inteligencia.
La paradoja es que Stornelli –procesado en la causa de espionaje de Dolores– ahora pretende investigar al presidente del organismo que investiga el espionaje. Según pudo saber Página/12, la denuncia que estaba en manos de Stornelli fue enviada a otro juzgado por Daniel Rafecas. Será ahora el juez Ariel Lijo quien tendrá que resolver si se queda con el expediente y si le da entidad a las denuncias que presentaron Arietto, un abogado con vínculos con el macrismo y legisladores de la Coalición Cívica.
