La Secretaría de Derechos Humanos mostró preocupación por la persecución judicial contra Cristina

“La persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández es una muestra evidente de que el lawfare está más vivo que nunca en nuestro país”, titula el comunicado emitido desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Desde el organismo, que dirige Horacio Pietragalla Corte, ven con suma preocupación lo que consideran “el avance de la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque deja en evidencia que el lawfare en nuestro país está más vivo que nunca”.

El texto relata que que “desde el inicio de la nueva gestión, en diciembre de 2019, la Secretaría de Derechos Humanos viene advirtiendo que el lawfare o “guerra jurídica” constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”.

Y enfatizó: “Como organismo público a cargo de la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de alcance nacional para garantizar la vigencia de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino en la materia, la Secretaría de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de investigar, analizar y dar a conocer los actos en los cuales las autoridades estatales pueden ser responsables de vulnerar derechos”.

Denunciaron que dicha vulneración de derechos en “la práctica del lawfare, impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático es un claro ejemplo en ese sentido”.

Asimismo, también subrayaron que “el lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar (dirigentes políticos/as, ex funcionarios/as públicos/as y referentes de organizaciones sociales y sindicales)”.

Para el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, “es claro que en estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex presidenta, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo”.

Remarcaron que "el lawfare es una práctica antirrepublicana” y que la Secretaría de Derechos Humanos lamenta profundamente que esta situación esté siendo avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como máxima autoridad de un poder del Estado, debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país.

El comunicado culmina con la premisa de seguir “dialogando con los organismos internacionales de protección de derechos humanos”. “Mantendremos una invitación abierta para que realicen un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares, y continuaremos utilizando todas las instancias disponibles, aportando toda la información necesaria”, enfatizaron.