07.01.2023 / Declaraciones

"Hasta que se esclarezcan estos bochornos": Soria consideró que Capuchetti debería tomarse licencia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reiteró este sábado que existe "una relación contractual" entre la jueza federal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras conocerse este viernes que la magistrada cobra un sueldo de la administración porteña.




El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, reiteró este sábado que existe "una relación contractual" entre la jueza María Eugenia Capuchetti y el Gobierno porteño, y sostuvo que la magistrada "debería tomarse una larga licencia hasta que se esclarezcan estos bochornos".

"En el día de ayer se da a conocer esta relación contractual de Capuchetti y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Me parece que estas personas deberían tomar el ejemplo de (Marcelo) D'Alessandro y tomarse una larga licencia para que por lo menos se esclarezcan estos bochornos", expresó el ministro en declaraciones radiales.


Soria recordó que la jueza tiene tres causas inéditas para la historia del país: "la mesa judicial macrista, el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y el megaendeudamiento de (el expresidente Mauricio) Macri con el FMI".

"Son tres causas en las que se registra prácticamente un nulo avance o esclarecimiento", remarcó el funcionario.

La jueza Capuchetti encabeza el juzgado federal número 5, y según trascendió este viernes, la jueza es "Investigadora Senior" en el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia y está a cargo de Marcelo D'Alessandro.

“Estaría bueno saber cuántas horas cátedra tiene la jueza Capuchetti y qué concurso realizó”, ironizó el ministro de la Nación y descartó la posibilidad de impulsar un juicio político contra la jueza en el Consejo de la Magistratura.

Por su parte, D'Alessandro se encuentra actualmente en uso de licencia tras la difusión de unos chats que se le atribuyen con Silvio Robles -vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti- y el empresario Marcelo Violante, quien estuvo a cargo de la concesión del servicio de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires.

En función del contenido de esas conversaciones que trascendieron en varios medios de comunicación, el Gobierno presentó ayer una denuncia penal contra D'Alessadro por "incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado".
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